Un grupo de vecinos, en la calle San Fernando, una zona del casco histórico donde es habitual la prostitución callejera. :: PABLO SÁNCHEZ / AGM

Un informe jurídico encargado por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia concluye que el Ayuntamiento de Cartagena está obligado a regular el ejercicio de la prostitución callejera, puesto que no es un delito pero se trata de una actividad que puede generar problemas de convivencia y por tanto está relacionada con las competencias municipales en materia de «seguridad pública».

«Los problemas e inconvenientes que la prostitución callejera puedan acarrear deben ser abordados desde el punto de vista de gobierno de las ciudades, de la convivencia vecinal, de la paz, tranquilidad y sosiego de los ciudadanos, y todo ello entra en lo que la Ley de Bases de Régimen Local llama ‘seguridad pública’. Es decir, es competencia municipal», señala el informe, al que ha tenido acceso ‘La Verdad’.

Derechos de las meretrices

El estudio, encargado por la Delegación a raíz de la petición del Ayuntamiento de convocar de manera conjunta una Junta Local de Seguridad para mejorar la coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional en la parte baja del Monte Sacro (en calles como Las Beatas o Saura), precisan la manera de aplicar esas atribuciones.

Lo hace así: «Estas competencias en materia de seguridad de los ayuntamientos obliga a estos a dictar las normas, bandos u ordenanzas destinados a regular el ejercicio de la citada actividad de forma que, junto a la protección de los derechos de quienes la ejercen, se preserve también el derecho de los ciudadanos al libre disfrute de un espacio público seguro y de convivencia pacífica».

El informe en poder de la Delegación del Gobierno recuerda que, según varias sentencias del Tribunal Supremo, ni el ejercicio voluntario de la prostitución ni el que se lleva a cabo por cuenta ajena son delito, «siempre que las condiciones de trabajo no conculquen los derechos de los trabajadores».

En lo relacionado con la prostitución, las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ciñen a las materias de «seguridad ciudadana y extranjería, así como a la prevención e investigación de la comisión de actos delictivos». Así lo establecen las leyes orgánicas 2/1986 y 1/1992.

El estudio recomienda celebrar esa reunión para «solucionar o, cuando menos, paliar en lo posible el problema planteado».

Los jurídicos del Estado reconocen que el problema, agravado por las denuncias de varias prostitutas contra el imán de la mezquita del Monte Sacro (le acusan de agredirles e impedir el paso de clientes musulmanes), tiene difícil solución.

Junta Local de Seguridad

Pero viene a recomendar al Ayuntamiento que convocar la Junta. Aconseja guiarse por la «franca colaboración entre las dos Administraciones implicadas» más que por la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las conductas recogidas en el Código Penal, como el exhibicionismo, la provocación sexual dirigida a menores de edad o incapaces, la corrupción de menores o el proxenetismo.