Dos de los detenidos por la trama que supuestamente falsificaba documentos y alteraba el censo municipal para poder regularizar a inmigrantes de Europa del Este podrían ir a prisión si no pagan sendas fianzas de 6.000 euros.

Ésa esa la decisión que adoptó ayer mismo el responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, encargado de las diligencias, según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). De los trece detenidos inicialmente, sólo nueve comparecieron finalmente ante su presencia.

El magistrado los ha imputado por delitos de cohecho (soborno aceptado por un funcionario público) y falsedad documental. La primera de esas figuras penales demuestra, como ya publicó este diario, la implicación en el entramado de un funcionario del Pilar de la Horadada adscrito al departamento de Informática y Estadística.

Presuntamente sería él quien modificaba los datos obrantes en el padrón municipal a fin de que los inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad rusa, aparecieran empadronados desde un determinado periodo de tiempo en un determinado inmueble como paso previo para obtener permisos de residencia y trabajo.

Mientras que dos de los sospechosos habrán de abonar 6.000 euros para eludir su ingreso en prisión, los demás quedaron en libertad provisional, aunque deberán comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

La Brigada de Información de la Comandancia del Instituto Armado de Alicante andaba tras la pista de esta banda desde hace varios meses. La operación explotó el miércoles con múltiples detenciones y registros domiciliarios tanto en Pilar como en otras localidades de la Vega Baja. Entre los sospechoso figuran individuos de nacionalidad española, albanokosovar, georgiana y rusa. La causa sigue bajo el secreto de sumario ordenado por el juez.