Ni el recrudecimiento de la crisis ha impulsado el programa de retorno voluntario para extracomunitarios ideado por el Ministerio de Trabajo. Según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Celestino Corbacho, 12.127 inmigrantes en toda España han optado por acogerse al plan, que les permite cobrar parte de la prestación por desempleo una vez se han establecido en su propio país. Eso sí, con condiciones.

En la Comunitat la cifra se reduce a 1.588 beneficiarios, lo que supone un impacto baladí, teniendo en cuenta que en mayo, el colectivo de extranjeros que podría beneficiarse de esta medida asciende, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, a 53.772 personas. Cuando se puso en marcha el plan, en noviembre de 2008, la cifra de posibles beneficiarios se situó en 38.000 personas. Y no ha bajado de ese límite. En otras palabras, sólo tres de cada cien inmigrantes con posibilidades de acogerse a la medida, el 2,9% exactamente, ha acabado decidiéndose.

El plan de retorno voluntario está pensado para extranjeros extracomunitarios desempleados, es decir, inscritos en los servicios públicos de empleo y con derecho a cobrar el paro. Si se acogen al plan, reciben el 40% del total de la prestación antes de abandonar España y el 60% restante una vez se asientan en el país de origen, en un plazo de entre 30 y 90 días desde la fecha en que se paga la primera cuantía. La contrapartida es que no pueden retornar en un plazo de tres años a España, ni para residir ni para trabajar. En este punto está la clave del rechazo a la medida estrella del Gobierno en la materia.

«Da miedo e incertidumbre», responde Selena Caravito, responsable de la oenegé Encat, cuando se le interroga sobre qué motiva el rechazo de la población extranjera. «Una persona que lleva varios años residiendo en España ha arraigado. El programa no está apoyado con programas de integración socio – laboral, y cuando llegan al país tienen que empezar de cero, volver a arraigarse. Y a veces las condiciones no son las mejores», continúa. «Da la impresión de que se utiliza a la inmigración como moneda de cambio», sentencia.

Aunque desde el Ministerio no facilitaron los datos por nacionalidad, sí añadieron que la mitad de las solicitudes pertenecen al colectivo ecuatoriano. Hay que tener en cuenta que sólo pueden acogerse nacionales de 20 países con los que España tienen firmados convenios de reciprocidad en materia de Seguridad Social, si bien se incluyen aquellos con mayor representatividad, como los latinoamericanos. El plan afecta a Andorra, Chile, Filipinas, República Dominicana, Argentina, Colombia, Marruecos, Túnez, Australia, Ecuador, México, Ucrania, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Canadá, Federación Rusa, Perú y Venezuela.

El parón de solicitudes se ha intensificado a lo largo de 2010. Según los datos facilitados por el propio ministro tras el primer año en vigor, en la Comunitat se habían recogido 1.234 solicitudes a finales de 2009. Ocho meses después, con la actualización de mayo, el dato apenas se eleva en 354 personas (hasta los 1.588), lo que reafirma que el programa de retorno no ha cuajado. A juicio de Caravito, nunca han funcionado. «No creo en el retorno voluntario. Incluso tenemos casos de personas retornadas que están teniendo problemas para recibir la prestación», sentencia.

«Tampoco ha tenido éxito el programa puesto en marcha por el Gobierno de Ecuador», señala Edgar Constante, presidente de la asociación latinoamericana Juan Montalvo. «Decían que incluía un bono vivienda (para facilitar el regreso), y no ha sido así. Y mucha gente interesada se ha dado cuenta de que no cumple los requisitos», sentencia, en relación a situaciones de explotación laboral o de economía sumergida, que lógicamente, quedan fuera de la medida.

Menos latinoamericanos

La tendencia parece paradójica si se miran los datos del padrón a enero de 2010, pues se produce un hecho curioso. Es la primera vez que la Comunitat pierde población de todas las nacionalidades latinoamericanas representativas, que son las principales beneficiarias del plan. Las cifras del INE establecen una caída de 15.896 vecinos procedentes de América del Sur respecto a 2009. «No son personas que han vuelto a sus países, más bien se han movido a otras comunidades o incluso a otros estados», sentencia Caravito. «No es fácil plantearse el retornar a casa», concluye.

Según la página web donde se publicita el plan, el objetivo es «aumentar la protección de los trabajadores inmigrantes que deseen volver a sus países», aunque los sectores más críticos denuncian que busca maquillar las cifras del paro.