El polémico pulso que mantiene Arizona contra la inmigración ilegal y todos los problemas de delincuencia asociados con la frontera compartida con México llegaron ayer hasta la Casa Blanca. La gobernadora republicana Jan Brewer tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Obama en una especie de diálogo de sordos a pesar de las buenas intenciones para trabajar de manera coordinada.
Mientras Arizona exige que el gobierno federal cumpla con su obligación de controlar la frontera, el presidente de Estados Unidos insiste en rechazar la nueva y cuestionada legislación firmada por la gobernadora Brewer. Iniciativa que entrará en vigor el próximo 29 de julio y que impone a las fuerzas de Policía estatales y locales la obligación de determinar el estatus migratorio de cualquier persona si existe «sospecha razonable» de que pueda encontrarse ilegalmente en territorio estadounidense.
La Administración Obama, a través del Departamento de Justicia, contempla un recurso contra la legislación de Arizona, que considera equivocada, una intrusión en las responsabilidades federales y violadora de derechos civiles básicos. Al mismo tiempo, la gobernadora Brewer ha dejado clara su disposición de llegar hasta el Tribunal Supremo en defensa de su iniciativa, que cuenta con un significativo respaldo popular dentro y fuera de Arizona.
Durante la «cumbre» de media hora con un tono calificado como «muy, muy cordial», el presidente Obama habría asegurado a la gobernadora que la gran mayoría de los 1.200 miembros de la Guardia Nacional que la Casa Blanca quiere desplegar en la frontera con México irán destinados al sector de Arizona. Pero ambos no llegaron a un acuerdo sobre la nueva legislación que convierte la entrada irregular a territorio de Estados Unidos en un delito ante la Justicia de Arizona.
Ante las amenazas de boicot por parte de organizaciones pro-inmigrantes y otras jurisdicciones con significativa población hispana, Brewer ha desestimado el impacto económico de esas represalias. A su juicio, la factura multimillonaria que la frontera sin control supone para Arizona es mucho más costosa que cualquier amenaza contra su sector turístico.
Prioridades
Tras la reunión en la Casa Blanca, la gobernadora dejó claro que «no nos podemos poner de acuerdo en ciertas cuestiones hasta que otras cuestiones se solucionen». A su juicio, la prioridad absoluta pasa por poner orden y control en la frontera, antes de empezar a discutir la reforma de inmigración que desea lograr en algún momento la Administración Obama.
De acuerdo a los cálculos manejados por Brewer, una media de mil «sin papeles» entra cada día por Arizona desde México. Y según la gobernadora, «nosotros somos los que pagamos el precio de toda esa actividad ilegal; nosotros somos los que pagamos el precio por las encarcelaciones; nosotros somos los que estamos pagando por la educación; nosotros somos los que estamos pagando por la sanidad».