Francesc-Marc Álvaro

El Estado debe prohibir vestimentas y prácticas que socavan el espacio común que hemos pactado
Primero: cuando un gobernante se escuda en “yo no lo he visto” para no hacer nada sobre algo que preocupa es que no ha entendido en qué consiste gestionar el interés general y, por tanto, debería dimitir y dejar paso a quien no esconda la cabeza como un avestruz. He escuchado a algunos políticos que, ante la pregunta sobre el velo integral (el burka o el mucho más presente niqab), sólo son capaces de decir que ellos no han visto a mujeres de esta guisa por nuestras calles. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, repitió este pobre argumento cuando fue entrevistada al respecto por Josep Cuní en TV3. Hay que esperar algo más de seriedad en los que van en coche oficial.

Segundo: especialmente perverso y ofensivo es el argumento que descarta abordar la prohibición del niqab y del burka porque “se trata de pocos casos y aislados”. Uno ya sabe que ciertas dosis de cinismo son inevitables para soportar un cargo público, pero nunca el cinismo debe guiar todos los actos y discursos. Cuando el president Montilla sostiene que el velo integral no es un problema, no da muestra de prudencia, sino de falta de coraje, pues prefiere esperar a que la realidad le cerque en vez de anticiparse serenamente a la expansión de fenómenos que, como él mismo admite, no encajan con nuestros valores básicos.

Tercero: dejar a los alcaldes solos ante esta realidad es una grave falta de responsabilidad del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos. Que la senadora Judith Alberich promueva la prohibición para ocultar, quizá, su discutible gestión como alcaldesa de Cunit no debe frenar el debate. Por otro lado, se equivocan Mas y la dirección de CiU al mantener que debe ser la administración local la que decida sobre el burka y el niqab. Corresponde al legislador, en las Cortes, hacer una norma general que vete aquellas costumbres que desafían libertades y derechos fundamentales que nuestra sociedad ha conquistado con mucho esfuerzo. Así, de paso, evitaremos el velo integral no sólo en Lleida, también en Marbella, porque esta prenda es inaceptable tanto si la viste una inmigrante como si lo hacen las esposas de los jeques millonarios que veranean por nuestros pagos.

Y cuarto: he expresado varias veces la urgencia de fijar criterios claros generales que faciliten la integración y la convivencia, y eviten la manipulación xenófoba. En este sentido, soy partidario de distinguir entre el uso del hiyab (y demás prendas que dejan visible el rostro) y el uso del niqab y el burka, que convierten a la mujer en un objeto sometido y señalan la presencia inquietante de un islam fundamentalista. Hay que saber dónde colocamos la línea roja. El Estado debe amparar a las ciudadanas de fe musulmana que quieren usar el hiyab y, en cambio, debe prohibir otras vestimentas y prácticas que socavan el espacio común que hemos pactado.