Imagen de la calle de Las Beatas, en una fotografía de archivo. :: PABLO SÁNCHEZ / AGM

El conflicto entre el imán de la mezquita del Monte Sacro y las prostitutas del barrio por las supuestas agresiones de aquél a éstas no sólo ha alcanzado una dimensión nacional a través de periódicos y cadenas de televisión. La prostitución callejera y sus efectos en la percepción ciudadana de la seguridad han desatado una bronca política que está enturbiando las relaciones de cordialidad exhibidas hasta ahora por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (del Partido Popular) y el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar (del PSOE).

Este último no dudó ayer en contestar con contundencia a los reproches vertidos el miércoles por Barreiro, quien le hizo responsable de no tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana en las calles donde se concentra un tipo de prostitución de carácter marginal.

Entre otras cosas, Barreiro culpó a González Tovar de evitar con su silencio la convocatoria de la Junta de Seguridad Local, que a su juicio debe mejorar la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local en calles como Las Beatas. Afirmó que el máximo representante del Ejecutivo central en la Región no contestaba a una petición escrita para convocar esa reunión.

Como respuesta, el delegado dijo en Murcia a los periodistas que él carece de competencias en materia de prostitución porque se trata de una actividad que depende exclusivamente de las ordenanzas municipales, al no estar tipificada como delito.

Respecto a la Junta de Seguridad, González Tovar señaló que estas reuniones «las convocan los alcaldes» e instó a Barreiro a «no atribuirme responsabilidades que no son mías».

No es un delito

«Nadie ha dicho que la prostitución sea competencia del delegado», respondió a su vez la Alcaldía a través de un portavoz con el que se puso en contacto ‘La Verdad’. «El delegado se defiende de una atribución de competencias sobre la prostitución que nadie ha hecho. La alcaldesa se refiere siempre a las derivaciones en materia de seguridad que tiene el ejercicio de la prostitución y ella misma recuerda que no se trata de una actividad ilegal», añadieron desde el citado órgano del Gobierno municipal.

En cuanto a la Junta, el equipo de Barreiro recordó que se convoca por acuerdo de la presidencia y ésta «es doble, del alcalde y del delegado, en caso de asistencia del delegado».

En el consistorio están molestos ante la falta de respuesta de la Delegación del Gobierno al ofrecimiento que le hizo el pasado 13 de mayo: un trabajo conjunto con los ediles de Seguridad (Javier Herrero) y Atención Social (Antonio Calderón). Y añadieron que a la vista de las declaraciones del delegado está en duda si conocía la carta enviada por Pilar Barreiro.

En todo caso, la alcaldesa y el delegado hicieron lecturas diferentes respecto a cómo atajar el enfrentamiento entre el imán y las prostitutas. Éstas acusan a aquél de insultarles, amenazarles y agredirles, así como de poner en las esquinas a fieles de la mezquita para impedir el paso de potenciales clientes musulmanes de los prostíbulos. Y el imán considera que el barrio es peligroso por el ambiente de prostitución y la presunta venta de drogas.

¿Posible entendimiento?

Para la alcaldesa el problema es que faltan medidas para atajar los problemas de seguridad ciudadana en unas calles muy concretas. Y para el delegado la situación se resume en «problemas de convivencia de una ciudad» ante los cuales los responsables municipales deben actuar y no «tirar balones fuera».

El rifirrafe entre las autoridades local y estatal dejó abierta una ventana al entendimiento, ya que el Ayuntamiento aseguró que los citados concejales «siguen a la espera», y el delegado subrayó que a través de la Comisaría de Policía Nacional se apoya a la Policía Local.