JOSEP GISBERT – Barcelona
La polémica en torno al burka va ganando enteros en el debate político. Ahora a cuenta de la pretensión de la alcaldesa de Cunit, Judit Alberich – del PSC-,de llevar su prohibición al Senado, que ayer recibió toda clase de críticas de su propio partido, y de los socios de ERC e ICV-EUiA.

Incluso el mismo presidente de la Generalitat terció en el asunto, aunque sin referirse explícitamente a la postura de la primera mandataria local de Cunit. El criterio de José Montilla es que el uso del burka no constituye actualmente “ningún problema en la calle ni tiene relación con ninguna demanda social”, sino que su debate es “para el consumo del titular del día”. “Si damos un paseo por cualquier población, no encontraremos el burka como un problema”, subrayó el presidente de la Generalitat, que reclamó que “no se inventen problemas ni se haga categoría de una excepción” que no forma parte de los problemas de Catalunya.

José Montilla realizó las declaraciones en el espacio de bienvenida educativa de Cornellà – los llamados centros de acogida de inmigrantes -,donde, con todo, reconoció que los velos islámicos integrales no tienen relación con la cultura catalana ni con la del resto de España “por dignidad de las personas y por seguridad”. En el Parlament, mientras, las tres formaciones del tripartito marcaban abiertamente distancias con la alcaldesa de Cunit. Rocío Martínez Sampere, diputada de su propio partido, la desautorizaba sin reservas al precisar que el PSC, aunque tiene la “posición genérica” de rechazar por completo el uso del burka, también es contrario a legislar, bien en el Parlament bien en las Cortes Generales, para prohibirlo, por lo que llevar la polémica al Senado no forma parte en ningún caso de la “agenda inmediata”.

Y los socios del PSC no fueron menos explícitos. Dolors Camats (ICV-EUiA) consideró “fuera de lugar” la pretensión de la primera edil de Cunit y Anna Simó (ERC) subrayó que, aunque su formación está en contra del burka, su estrategia en esta cuestión no pasa por las “políticas de prohibición”, sino por las “políticas de mediación”. CiU, por su parte, también apostó por “resolver el problema” en el ámbito local y no mediante leyes generales y Oriol Pujol aprovechó la circunstancia para hurgar en el PSC y reclamarle que “aclare” su posición.