Hacer gestos forma parte de la práctica política. Se trata de un recurso más, ya sea para llevar la iniciativa o como argumento para defenderse. A la defensiva, por ejemplo, ha tenido que actuar el nuevo primer ministro británico, David Cameron. Que uno de sus ministros se hiciera pagar como dietas el alquiler que abonaba a su pareja por el piso que compartían es un escándalo mayúsculo, por tratarse del mismísimo secretario del Tesoro que exige austeridad a la ciudadanía. Sobre todo porque David Laws, el político liberaldemócrata que vive en un piso subsidiado con fondos públicos, lleva años reivindicando el desmantelamiento del Estado de bienestar. Tal ejercicio de hipocresía ha forzado a Cameron a hacer un gesto hacia su electorado consistente en ensuciar su flamante mandato con la primera decapitación de un compañero de viaje.

El gesto como iniciativa política se manifiesta en un ejemplo más cercano. Porque como un gesto creemos que debe entenderse la decisión del Ayuntamiento de Lleida de prohibir el uso del burka en dependencias municipales. Ni el ámbito de la restricción es lo suficientemente amplio ni hay tantas mujeres en la ciudad sometidas a esa tortura como para esperar que la medida tenga efectos concretos. La señal, con todo, tiene un valor innegable: se lanza el mensaje de que en nuestras ciudades no son bienvenidas las costumbres que vulneran derechos humanos por los que aquí ha habido que batallar largamente, como la libertad de la mujer de decidir sobre su vida y su cuerpo. Con su voto favorable a la prohibición, PSC, CiU y PP no han actuado sólo contra el burka, sino contra la tentación de creer que las costumbres ancestrales están por encima de la ley del país de acogida.

Otro efecto positivo del paso al frente dado por Lleida –que debería acompañarse de una intensificación del diálogo con los sectores más abiertos de la comunidad musulmana– es que ha puesto de relieve actitudes que tener en cuenta. Por ejemplo, el aplauso entusiasta que ha recibido la prohibición del burka por parte de sectores conservadores que, en cambio, no levantan nunca la voz para criticar la desigualdad que padecen las mujeres de su propio país, enfrentadas a lacras como la violencia machista o la discriminación social o laboral por razón de sexo. Por otra parte, hemos tenido otra ocasión de constatar que partidos como ERC e IC tienden a sacralizar el respeto a la multiculturalidad renunciando para ello a poner el acento en una causa, la feminista, que también debería ser la suya. De alguna manera, son poco permeables a las propuestas de un feminismo que lleva años advirtiendo del riesgo que corre la defensa de los derechos de la mujer por la llegada de colectivos e inmigrantes que no los tienen entre sus valores principales. No es que otro feminismo sea posible: es que ya existe, aunque algunos aún no se hayan enterado.