La Fiscalía y la Comunidad Autónoma se han propuesto reducir los plazos en las adopciones. Ése es uno de los compromisos que se puso sobre la mesa durante la reunión que mantuvieron ayer el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, y el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal. Un encuentro en el que también estuvieron presentes el fiscal de Protección de Menores, Fernando Florit, y la directora general de Familia y Menor, Laura Muñoz.

«Desde la Comunidad nos hemos propuesto agilizar al máximo los informes y el fiscal se ha comprometido a no tener nunca un papel encima de la mesa», explicaba Muñoz, al término de este encuentro. La duración de un proceso de adopción depende mucho, según explicó, de cada caso concreto. «Una entrega voluntaria es mucho más rápida que un caso de retirada por vía judicial», recalcó.

En este encuentro, Bascuñana aprovechó para informar a la Fiscalía de todos los detalles del programa de acogimiento familiar remunerado que arrancará en junio, una vez que concluya el curso escolar. «Al fiscal le ha parecido una medida buenísima», celebró Muñoz.

Una veintena de menores serán acogidos a partir de este verano por familias tuteladas en las que serán educados hasta que puedan regresar con sus progenitores o la Comunidad encuentre otra solución a su caso. «Hay casos de menores que el único progenitor que se encarga de él ingresa en prisión por un tiempo y que necesita una familia para ese periodo», explicó Muñoz.

Chavales de 6 a 14 años

Las familias de acogida, que pueden ser monoparentales o biparentales, percibirán 1.400 euros mensuales por menor, 1.800 por dos y 2.000 por tres. La Comunidad Autónoma incide en su interés porque los hermanos permanezcan unidos en estas adopciones temporales. Además, si el joven padece algún tipo de discapacidad la mensualidad será también de 1.800 euros.

Estos menores, de entre 6 y 14 años, residen actualmente en centros de la Comunidad. Muñoz reveló ayer que próximamente se llevará a cabo otra campaña informativa para captar a familias dispuestas a este acogimiento remunerado. «Ahora mismo tenemos veinte menores que precisan a estas familias, pero en este asunto los números cambian rápidamente», explicó la directora de Menor. «Nuestra idea es crear un banco de familias al que se pueda recurrir»

Política Social avisa de que los progenitores deben tener entre 25 y 60 años, estudios mínimos y se priorizará a las familias con menos de tres hijos. Además, uno de los progenitores no debe de estar trabajando. El periodo máximo de acogida es de 18 meses y las familias serán responsables de la guarda del menor, mientras que la tutela seguirá en la Administración. Además, estas familias deben cursar un periodo de formación, sobre todo en recursos a nivel emocional. «Puede darse el caso de que el niño haya quedado con su padre un sábado y éste no se presente y la familia debe de saber cómo afrontar esta situación».

La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia han coincidido en incrementar la, «ya de por sí, fluida y directa colaboración mutua» para que redunde en la labor que desarrollan ambos organismos en la protección de los menores de la Región. Actualmente, la Comunidad tiene bajo su tutela a 1.260 menores.