Anda medio mundo escandalizado con Arizona, que el mes pasado aprobó una ley que permite detener a un inmigrante por la simple sospecha de que se encuentra de forma clandestina en EEUU. Pero aquí pasa igual. La Policía sigue a la caza del indocumentado, con redadas masivas que se suceden en varias ciudades españolas. Lo lleva haciendo, por orden del Ministerio del Interior, desde que arrancó la crisis y el país del papeles para todos comenzó a cambiar tanto en su política migratoria como en su percepción pública hacia los llegados de fuera.

Los espaldas mojadas que cruzan en patera el Río Grande del Estrecho o saltan la alambrada de Barajas o El Prat se dan de bruces con el sueño de Arizona en versión ibérica: policías que les buscan junto al Metro, los locutorios, los comedores sociales, los colegios, los centros de salud y las ONG, y que les paran exclusivamente por sus rasgos físicos.

El Gobierno tiene en su contra por este asunto no sólo a las agrupaciones de inmigrantes y a los colectivos sociales, sino a los propios policías, a juristas, a economistas, a investigadores, a miembros de la universidad y hasta a políticos del PP. Coinciden en que en los últimos años se ha producido un endurecimiento de las medidas y de las actitudes, y se ha creado un clima más receloso hacia la población inmigrante. La crisis, la celebración de elecciones autonómicas y municipales en 2011 y la influencia de nuestros vecinos europeos tienen mucho que ver.

El Observatorio del Racismo y la Xenofobia, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, advertía hace unos meses en un estudio de que la crisis había provocado «un ascenso del rechazo» a los extranjeros. La Fundación Ideas, afín al PSOE, ha apuntado también recientemente en otro informe que «debemos estar alerta» ante las actitudes discriminatorias y «actuar antes de que sea demasiado tarde».

«El asunto planteado por la negativa del Ayuntamiento de Vic [formado por CiU, ERC y PSC] a empadronar a los inmigrantes en situación administrativa irregular supone una seria llamada de atención, entre otras cosas porque recibió un inquietante apoyo social e incluso político», resalta la Fundación Ideas. Por otro lado, el estudio Jóvenes e Inmigración, realizado por el Injuve en 2008, indicaba que el 14% de los jóvenes estaría dispuesto a votar a un partido racista, un porcentaje que en 2002 era el 11%.

¿Es la opinión pública cada vez más contraria a los inmigrantes ? «Yo creo que sí. Cuando hay bonanza económica, nos entra la fiebre de la solidaridad, pero las cosas cambian cuando empieza a haber competencia laboral», dice José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Este miembro del Grupo Inmigrapenal detecta «ciertos ramalazos de xenofobia en la Administración pública».

No lo niegan ni los funcionarios policiales, que afirman que «Vic o Llavaneras están generando racismo hacia los inmigrantes ». Lo expresa José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la agrupación mayoritaria del Cuerpo y también la que denunció la existencia de redadas masivas. «Sigue la obligación de hacerlas», resume Benito, «lo que pasa es que ahora los jefes no lo dicen por escrito, sino que dan órdenes verbales».

«La inmigración ilegal no es sinónimo de delincuencia, pero los policías tenemos que perseguirla, por instrucciones del Gobierno y dejamos por ello de buscar a los verdaderos delincuentes y a las mafias», se queja. Para Benito, «la diferencia con Arizona es que allí estas cosas se hacen con una ley y en España se están haciendo por la vía del hecho, sin cobertura legal». «Aquí las redadas masivas y las identificaciones por el aspecto no es que estén reguladas, es que están prohibidas por la Constitución».

«Si nosotros hubiéramos organizado redadas de éstas, nos habrían llamado racistas», apunta el diputado Rafael Hernando, responsable de Inmigración del PP, que tiene claro que «no se pueden hacer discriminaciones por el color de la piel»,

Hernando no tiene reparo en admitir que «no fue positivo» que su partido identificara en Badalona a los rumanos con la inseguridad ciudadana: «Lo de Badalona fue un error y se pidió perdón».

Mientras, el investigador del CSIC Sebastian Rinken constata que «el discurso del agravio comparativo se está ampliando» y lamenta que «ahora logren pasar por debates públicos posturas bastante simplistas que buscan instrumentalizar esa percepción de agravio para una finalidad electoral».

Rinken que es también director técnico del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, dependiente de la Junta de Andalucía (PSOE) interpreta las redadas masivas de sin papeles como «toques de atención para recuperar por la vía rápida la atención de los desconfiados». «No se busca una actuación eficaz, sino decir: ‘Mira, ya hacemos algo’. Y ésta no es la forma de actuar» añade.

«Es muy difícil que los inmigrantes se integren si tienen a la policía detrás, en permanente acoso», argumenta Sánchez Tomás. «No pueden ir a los parques porque hay controles, ni recibir cursos porque los agentes los esperan a la puerta de las ONG, ni ir a los locutorios… Si no pueden salir a ejercer su ocio, a socializar, a comunicarse, ¿qué pueden hacer?», se pregunta.

«Hay que ser extremadamente prudentes si no queremos alimentar latentes posturas xenófobas presentes en las sociedades española y europea», expone Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, que dice también que las redadas masivas o el caso Vic «no ayudan precisamente en esa dirección».

«En España no hay una política de inmigración clara», concluye Pablo Vázquez, presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). «El Gobierno se ha puesto más duro desde la crisis, pero aquí nadie dice ni cuánta población extranjera queremos ni cómo la queremos». Vázquez considera, como muchos otros, que los mismos inmigrantes que ahora son el chivo expiatorio de la crisis «son necesarios para la recuperación económica y lo seguirán siendo». Si el estilo Arizona no se los lleva, mientras tanto, por delante.