EFE, París

El Gobierno francés lanzó ayer su particular “cruzada” contra el burka al presentar en Consejo de Ministros un proyecto de ley que prohíbe llevarlo en la calle, un texto que cuenta con el apoyo decidido del presidente, Nicolas Sarkozy, y la hostilidad de la oposición socialista y de la comunidad musulmana.

Con multas de 150 euros a las mujeres que se paseen cubiertas con un velo integral, el Ejecutivo pretende barrer de las calles francesas una prenda que Sarkozy considera contraria a la dignidad de la mujer y de los valores fundamentales del país.

Con más dureza que a las portadoras del burka, el proyecto de ley ataca a los hombres que obliguen a sus esposas a llevarlo, que pueden ser condenados hasta a un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

El Ejecutivo apuesta así por la línea más dura contra esta prenda, aun a riesgo de que el proyecto de ley no pase por el filtro del Constitucional, que deberá determinar si el texto gubernamental atenta contra el derecho a la vida privada.

Por el momento, el Gobierno desafía la opinión del Consejo de Estado, un órgano consultivo de carácter no vinculante que en dos ocasiones se ha pronunciado en contra de la prohibición del burka en la calle por considerar que levanta “fuertes incertidumbres constitucionales”.

Pero el Ejecutivo confía en que la ley superará ese filtro y recuerda que, por ejemplo, está prohibido pasear desnudo por la calle y nadie contesta ese principio en nombre de la libertad individual. Sarkozy confesó que con esta ley el Gobierno abre “un camino exigente” pero indicó que es “el camino justo”.

2.000 mujeres

Poco importa que, según ciertos estudios, apenas 2.000 mujeres llevan el burka en Francia, concentradas en su mayoría en un puñado de barrios periféricos de grandes ciudades donde hay una alta concentración de población musulmana.

Para evitar que la lucha contra el burka sea considerada una cruzada contra el islam, el Gobierno ha iniciado una campaña de defensa de su proyecto de ley que presenta como una iniciativa de defensa de la mujer.

Precisamente por eso, en los primeros meses de aplicación de la nueva norma la multa de 150 euros puede ser sustituida o completada por un curso de ciudadanía, tal y como precisa la ley.