La controvertida ley de Arizona, que convierte en delito la inmigración ilegal, se convirtió en el principal asunto de la agenda de los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, que se entrevistaron ayer en la Casa Blanca en el marco de la primera visita de Estado del presidente mexicano a EEUU.

Calderón fue claro y firme en su condena a la legislación de Arizona, y denunció la posibilidad de que los «inmigrantes sean tratados como delincuentes», y reciban un trato «injusto y discriminatorio». Después de declarar su respeto por la potestad de EEUU de elaborar sus propias leyes, el presidente mexicano expresó su «firme rechazo a la criminalización de la inmigración».

Por su parte, el presidente norteamericano reconoció que la ley de Arizona puede «ser aplicada de forma discriminatoria», y aseguró que tomará medidas al respecto. Obama afirmó que la ley de Arizona es «una expresión mal dirigida de la frustración por un sistema inmigratorio roto» y se comprometió, una vez más, a trabajar con el Congreso para aprobar una reforma integral de la ley de inmigración. Pero para conseguirlo, advirtió, necesita varios apoyos republicanos, algo que no se ha producido aún.