El Ayuntamiento de Barcelona decidió encargar ayer a sus servicios jurídicos un informe que analice el marco legal actual para concretar «las posibilidades reales» que tiene esta Administración en la regulación del uso del burka y el niqab en la ciudad.

El posicionamiento del Consistorio barcelonés responde al debate abierto por el PP en la comisión municipal de Cultura de ayer al requerir la prohibición del burka en el espacio público porque su uso «atenta contra la dignidad y la libertad de las mujeres escondiendo su rostro, discriminándola y reduciéndola al abstracto». La petición del grupo del PP fue rechazada por el equipo de Gobierno (PSC e ICV-EUiA) y ERC, más la abstención de CiU, porque estos partidos entienden que la decisión de prohibir debe sostenerse sobre un debate previo y en profundidad del tema.

De hecho, los convergentes intentaron pactar horas antes de la comisión un texto transaccionado con el resto de los grupos por el que se instaba a elevar el asunto al Pacto Nacional por la Inmigración «para que redactara la forma de regular el burka» e incluso se intentara hablar con las comunidades islámicas y las entidades que trabajan en este ámbito. Pero los populares no suscribieron esta iniciativa, que finalmente quedó en papel mojado.

Todos los partidos del Ayuntamiento mostraron durante la comisión su rechazo al burka, pero lejos de dar su conformidad inmediata a la prohibición en los términos expresados por el PP se remitieron a afrontar el tema en lo sucesivo, tras conocer cuál es el ámbito competencial de Barcelona. Fuentes municipales apostillaron que «es en las ciudades donde tenemos que gestionar estas realidades».