La problemática de los ‘Bartolos’ aún colea. Con el núcleo duro del clan disgregado por diversos puntos de Vitoria y sus alrededores, como adelantó este periódico el pasado 27 de marzo, queda ahora que el Ayuntamiento les abone el dinero prometido a cambio de los tres pisos de su propiedad en el destartalado edificio de la Avenida de los Huertos, que permanece abandonado desde hace más de un mes.
El pacto entre ambas partes, según confirmaron desde la familia gitana a EL CORREO, dictaba que una vez que los últimos ocupantes se dispersaran y establecieran en otros lugares paso que han completado percibirían una cantidad económica por los domicilios todavía de su propiedad. El montante definitivo saldría de una auditoría que incluiría la tasación de dichos inmuebles, pero al que restarían las deudas acumuladas por estas familias.
En un principio, el departamento de Intervención Social confiaba en ofrecerles un cheque justo después de Semana Santa. Esa cantidad, según los primeros cálculos, rondaría los 2.000 ó 3.000 euros por cada piso. Sin embargo, el procedimiento legal obligó a desviar el expediente a Urbanismo y Hacienda, lo que ha retrasado toda la operación. «De momento no hay fecha establecida para convocar esa reunión con los propietarios, se está trabajando en este asunto, pero al intervenir varios departamentos municipales, todo el proceso se ha ralentizado más de lo previsto», indicó ayer un portavoz autorizado del equipo de gobierno.
«Pagan sus alquileres»
Esta demora, sin embargo, ha tenido un efecto colateral. La falta de noticias ha empezado a generar «cierto nerviosismo» en el clan, que también se comprometió a comportarse de manera cívica en sus nuevos hogares. De hecho, salvo por la accidentada y puntual entrada de una de las familias en un bloque situado a las afueras de Vitoria, no han protagonizado más conflictos de convivencia. O no han trascendido.
«Están pagando religiosamente sus alquileres desde hace dos meses, aunque exigen su dinero por tres pisos que no olvidemos que son de su propiedad». Meses atrás, y como medida de presión, el Gabinete Lazcoz les retiró las ayudas sociales por su comportamiento incívico y sus pequeñas fechorías.
Otros miembros del polémico clan gitano muchos de sus integrantes cuentan con antecedentes penales según datos facilitados por la Policía Local y la Ertzaintza residen desde hace meses en diferentes puntos de la ciudad «y tampoco han tenido mayores problemas en sus vecindades».