Escuela y derechos humanos
Canarias 7, , 05-05-2010Finalmente Najwa tuvo que trasladarse de Instituto a estas alturas de curso. El estrés y los inconvenientes académicos que produce dicho cambio, han pesado menos que unas normas internas redactadas al calor de la desorientación que cunde en algunos centros educativos, con respecto a la integración de la diversidad y los derechos humanos.
La búsqueda de una ética universal que nos haga a todos sujetos de derecho, es una máxima de la ilustración, de la modernidad y de este proceso de globalización en el que estamos sumidos.
Najwa no atenta contra los pilares fundamentales de nuestra civilización cubriendo su cabeza con el hijab aunque, como ya sabemos, éste no sea precisamente un elemento que produce igualdad.
El hijab no impide un desarrollo educativo en el marco de los valores fundamentales de los derechos humanos, a saber, el derecho a la educación, a relacionarse con sus iguales en la convivencia entre sexos, al cumplimiento de todas las materias educativas que se imparten en el sistema educativo público español; en definitiva, no aísla a Najwa y la impide el acceso a un modelo de convivencia laico basado en el respecto a las diferentes sensibilidades y religiones.
La gravedad de los hechos acontecidos, en el Instituto de Pozuelo (Madrid) del cual era alumna Najwa, radica en que un centro público ha colocado el veto al signo cultural y religioso cuando precisamente es la laicidad lo que nos permite la convivencia.
Hace unos años se negó el acceso de una niña musulmana que llevaba el hijab a un centro concertado-religioso de El Escorial (Madrid) cuya directora portaba la toca católica que cubre por completo la cabeza de las monjas. En aquel caso el conflicto se dirimió de la misma forma, es decir, forzando a la alumna a trasladarse a un centro público.
Estos dos hechos nos deben hacer reflexionar sobre la función de la escuela en la integración de los valores fundamentales de nuestra ética. Si tenemos centros concertados religiosos que no admiten a otro credo entre ellos, por un lado se estaría incumpliendo un mandato constitucional y por otro, se estaría dando un mensaje a nuestros nuevos ciudadanos de que es incompatible ser español y ser musulmán; o que para ser español hay que ser católico. Nada mas lejos de una ética universal y de nuestro estado aconfesional que como bien sabemos, separa a la religión de la vida pública y donde los conflictos se dirimen en el ámbito de lo político.
La Constitución española de 1978 facilitaría una ética de nuevo cuño, fundamentada en la modernidad y en la independencia entre la fe y la razón, alejando la religión del foro político para recluirla en el ámbito de lo privado, es por ello que los símbolos religiosos que porten sus ciudadanos no son dignos de debates públicos y queda a la libertad de uno llevarlos o no, impidiendo que los símbolos religiosos presidan el estado.
El desarrollo democrático de la carta magna estaría alumbrando una nueva ética pública, que se alejaría del nacional catolicismo o de cualquier otro atisbo de dogmatización y preponderancia de una fé religiosa sobre otra, acercándonos mas una convivencia de credos es un espacio público donde no impere ninguna de ellas. Esta nueva realidad debe ir creciendo con nuestra ciudadanía y debe facilitar la convivencia, no entorpeciéndola que es lo que parece estar ocurriendo en algunos casos.
Enfocar el conflicto de la convivencia desde un punto de vista religioso nos entorpece más que nos ayuda.
¿No sería mejor ver la perspectiva de esa moral universal basada en derechos fundamentales básicos y no en un enfrentamiento de credos?
Pero la realidad esta ahí, la inmensa mayoría de alumnado de origen musulmán está educándose en los centros públicos españoles, no en los concertados, cuestión que desde mi punto de vista habría que revisar.
Por otro lado debemos congratularnos de que la escuela pública esté resolviendo razonablemente bien estos conflictos en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta la cantidad de nuevos ciudadanos que han llegado a nuestro país en un breve espacio de tiempo.
Desde este punto de vista, habría que revisar los contenidos de los reglamentos de funcionamiento interno de los centros, para asegurar que no se discrimina con objeto de homogeneizar al alumnado que acoge el centro, sino que más bien incorpora nuevamente esa ética universal que tanto nos ha costado construir y que es en sí misma la riqueza y el producto del pensamiento científico, de la división entre fé y razón y de la coyuntura entre ambos.
Caminar al encuentro de una ética universal, me parece a mí, que crearía más fortaleza en nuestras instituciones y afianzaría nuestro modelo de convivencia. En todo caso es algo que debemos hacer entre todos, con debates abiertos y grandes dosis de tolerancia.
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