DAVID MIRÓ
BARCELONA

El caso de los folletos xenófobos del PP de Badalona parece haber sido el empujón que le faltaba a CiU para decidirse a negociar con el tripartito un acuerdo sobre cómo tratar la cuestión de la inmigración en el debate político y evitar así que se convierta en un arma arrojadiza durante la campaña electoral. Hablar, sí, pero sin demagogia y con responsabilidad. Ese sería el objetivo de un pacto que los negociadores de ambos lados ven con «optimismo» y se podría concretar en las próximas semanas en forma de resolución conjunta en el Parlament. A instancias de la secretaría de inmigración de la Generalitat, el tripartito ha puesto sobre la mesa un documento que dibuja el marco en que se debe desarrollar el debate público.
En primer lugar, se exige a los partidos que, a la hora de abordar los problemas causados por la inmigración, lo hagan siempre desde el rigor, planteando posibles soluciones para no quedarse solo en la denuncia y hablando también de los beneficios que reporta. En segundo lugar, se incide en la necesidad de tener un solo discurso para todos los inmigrantes, y evitar así la tentación de dirigirse de manera diferenciada a unos u otros en función de la nacionalidad, el sustrato cultural o las creencias religiosas con el propósito de sacar algún rédito electoral. Se trata de una práctica muy extendida: muchos partidos tienen sectoriales que se trabajan con los grupos de inmigrantes por nacionalidades (el PP estatal, por ejemplo, está muy interesado en el voto de los rumanos, que pueden votar en las municipales como comunitarios, y por eso reaccionó en contra de los folletos de Xavier García Albiol).

NO A LAS GENERALIZACIONES / Otra de las exigencias incluidas en el texto es que se evite cualquier tipo de generalización (como, por ejemplo, la que hace el PP de Badalona con los gitanos rumanos). Y, por último, el documento obliga a rechazar de forma explícita cualquier manifestación que aliente el racismo.
Hace unas semanas ya hubo un intento de llegar a algún tipo de acuerdo sobre estas bases, pero CiU se negó a participar en las reuniones. Ahora, cuando aún colean polémicas como las de Vic o Llavaneres, y después de apoyar e impulsar en el Parlament la ley de acogida de inmigrantes, la federación nacionalista lo ve con otros ojos. La senadora convergente Montserrat Candini advierte de que pondrán una condición muy clara: que el acuerdo no se convierta «en un pacto de silencio» que impida realizar cualquier tipo de crítica. «Tenemos que poder denunciar, por ejemplo, el recorte de los fondos para inmigración del Gobierno de Zapatero, que además es una violación del pacto nacional de la inmigración», afirma Candini.
Tanto CiU como las formaciones que integran el tripartito han coincidido en denunciar en los últimos días las declaraciones de García Albiol sobre los gitanos rumanos como el ejemplo palmario de lo que no se debe hacer al hablar sobre inmigración. Una vez más, el PP catalán podría quedar fuera de un acuerdo unitario (ya no apoyó la ley de acogida ni el pacto nacional sobre inmigración por la cuestión de la lengua) pero eso no parece preocuparles. Su portavoz, Eladio Jareño, argumenta que «no podemos sustraer del debate político la que es la segunda preocupación de los catalanes, solo por detrás del paro y la inseguridad laboral». Además, los populares catalanes están indignados por lo que consideran un linchamiento injusto de García Albiol. «Hablan de no hacer un uso partidista de la inmigración pero ellos llevan el caso a la fiscalía, es una muestra clara de hipocresía política», afirma Jareño.

«VACUNA TEMPORAL» / Tanto el tripartito como CiU insisten en que el acuerdo en ningún caso pasaría por soslayar el debate sobre la inmigración. «Tenemos que hablar de ello, porque la crisis económica ha tensionado la convivencia en los barrios y la realidad hay que gobernarla», explica la diputada socialista Consol Prados. Para la dirigente socialista, polémicas como la de Vic o Badalona pueden servir de «vacuna temporal» contra un uso partidista de la inmigración, pero se muestra convencida que «la tentación sigue ahí». El martes pasado, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, insistía en una conferencia en la necesidad de encarar el reto. «Nos equivocaríamos si no asumimos que la inmigración comporta problemas. Es un error minimizarlos», espetó a la audiencia. Para la diputada de ICV Dolors Camats, lo importante es que si hay acuerdo se haga después un seguimiento «porque si el día después estamos como ahora no servirá de nada».
Precisamente, la semana pasada el secretario de inmigración, Oriol Amorós, visitó Francia para explicar el «modelo catalán de integración» y comprobó la sorpresa que causa en el país vecino la baja conflictividad que existe en Catalunya después de recibir a más de un millón de inmigrantes en 10 años. Para Amorós, hay una relación directa entre la manera de abordar el debate político y la opinión pública. «Cuando se plantea de forma reactiva, como ha hecho Sarkozy, la percepción sobre la inmigración empeora», afirma. Y en ese río revuelto, pescan las opciones populistas. Ese sería, en última instancia, el riesgo a evitar con el acuerdo para un uso no partidista de la inmigración.