Es más que posible que, como alertó el miércoles Barack Obama, el Congreso de EEUU no aborde a corto plazo la reforma de las leyes de inmigración, especialmente después de un duro año legislativo donde la reforma del sistema sanitario ha consumido energía y capital político de representantes y senadores y les ha dejado «sin apetito» para dar un bocado a tan conflictivo tema.
El asunto, no obstante, ha saltado abruptamente al primer plano de la realidad sociopolítica del país en la semana transcurrida desde que la gobernadora de Arizona, Jen Brewer, estampara su firma en la más draconiana ley, que convierte en delito estar sin papeles en el estado. Tanto el futuro de esa ley como el de la reforma general en Washington están por ver, pero el presente es claro: hay agitación y división. El país, donde se calcula que viven 12 millones de sin papeles, está otra vez encendido.

LLAMADAS Y BOICOT / Las llamadas y actos de boicot a Arizona, a sus negocios y a las actividades relacionadas con el turismo – – clave para el estado – se multiplican. En las calles se empieza a palpar el miedo, y muchos inmigrantes huyen de la luz pública, aunque la ley no entrará en vigor por lo menos hasta finales de julio. Mañana hay convocadas en 70 ciudades del país manifestaciones en las que se protestará contra la normativa de Arizona y se intentará presionar a Washington. Y si hace ya años que las marchas de inmigrantes figuran entre las de mayor poder de convocatoria en EEUU, es de prever que ese poder se incremente más aún ahora.
Todo el mundo debate sobre inmigración: la Administración, los políticos, los ciudadanos, los medios de comunicación… Incluso se ha entrado ya en esa fase que en EEUU hace ineludible un tema: todos los programas de cómicos incluyen chistes y mofas de Arizona, y se empiezan a movilizar los famosos. Ayer mismo la cantante colombiana Shakira se reunió con el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, uno de los primeros ediles que amenazan con rebelarse ante la ley de su estado.
No son los únicos. Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles, el Fondo de Defensa Legal Mexicano estadounidense y el Centro Nacional de Derecho de Inmigración anunciaron ayer los primeros recursos ante los tribunales contra la ley, mientras que en la Administración hay cada vez más voces que urgen al fiscal general de EEUU, Eric Holder, a retar la constitucionalidad de la norma estatal.
El principal argumento que podrían esgrimir quienes intenten derogar la ley es que el estado se ha entrometido en una función que es responsabilidad federal, pues la gestión de la inmigración depende del Gobierno de Washington. Es un argumento por el que hasta ahora se ha inclinado el Tribunal Supremo, aunque sus magistrados en el pasado han reconocido que la inmigración es «principalmente», pero no exclusivamente, competencia del Ejecutivo federal.

PESO POLÍTICO / El peso político que tiene el debate es demasiado fuerte, tanto para republicanos como para demócratas, enfrentados a unas legislativas en noviembre. Por el momento, el Congreso dará prioridad a la reforma de la ley energética y climática sobre la de inmigración. Obama, no obstante, leha instado a «por lo menos iniciar el proceso», un debate en el que ha dicho necesitar «la ayuda de algunos republicanos». Aunque hay voces conservadoras como las de Marco Rubio, un favorito del Tea Party en Florida, que se han atrevido a criticar la ley, son por ahora quienes no tienen nada en juego en las urnas quienes más duros son. Han sumado sus denuncias republicanos como el exgobernador de Florida Jeb Bush y demócratas como el expresidente Bill Clinton.