La presión sobre Arizona a cuenta de su controvertida ley de inmigración se extiende a cada vez más colectivos sociales y políticos de Estados Unidos en una campaña dirigida a frenar su aplicación prevista dentro de tres meses. Líderes políticos, como el alcalde de San Francisco, cuyos electorados son muy sensibles a un endurecimiento de la legislación migratoria, han llamado abiertamente al boicot a viajar o comprar productos de ese estado. Mientras, Barack Obama volvió a mostrase muy crítico planteando que la medida «está mal concebida» y que puede dar lugar a grandes equívocos. «Podría suceder que un norteamericano hispano en Arizona tuviera antepasados que ya hubieran vivido allí incluso desde antes de que este territorio fuera un estado. Y que de repente saliera a por un helado con sus hijos sin sus documentos y fuera acusado de ilegal».

Destacados juristas que han analizado el texto aprobado consideran que aspectos esenciales de la ley – como que la Policía pueda pedir de forma indiscriminada a las personas un documento de identificación – es claramente inconstitucional. «La ley federal no permite que la Policía actúe con esa discreción, y en ese sentido el Tribunal Supremo debería hacer una interpretación consecuente», declaró a ‘The New York Times’, Erwin Chemerinsky, un constitucionalista de la Universidad de California.

Con esa lección bien aprendida, en ningún rincón de Estados Unidos la Policía suele parar a un individuo por la calle para preguntarle su situación legal excepto si sobre esa persona pesan serias sospechosas de haber cometido un delito. La nueva Ley SB1070, en cambio, da carta blanca a las fuerzas del orden de Arizona para detener a cualquiera que «infunda sospechas» de que es un inmigrante indocumentado. Incluso aquellos que, aun siendo estadounidenses, no lleven encima papeles que lo acrediten podrían fácilmente ir a la cárcel.

Abrumada por las secuelas de una medida que sacudiría de arriba abajo el sistema legal en cuestiones esenciales de derechos civiles, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, mostró en el Senado su «profunda preocupación» porque la ley obligaría a modificar las prioridades presupuestarias, malgastando recursos imprescindibles para la lucha contra la criminalidad. El fiscal general, Eric Holder, también ha tomado cartas en el asunto dando por hecho una batalla legal para abortar el reto lanzado por el Gobierno de Arizona. «Se trata de una ley muy desafortunada que se presta a que se cometan abusos», declaró el magistrado.

Indignación de México

Las reacciones no se han hecho esperar en México, de donde son la mayoría de los inmigrantes de Arizona, y las declaraciones unánimes de condena por parte de los políticos se han ido sucediendo desde que se sancionó la ley. Las protestas vienen de todos los ámbitos, también por parte del sector empresarial, poco habituado al intervencionismo político, que ha llamado al boicot de los bienes y servicios producidos o radicados en Arizona.

Ya hay consecuencias a nivel federal entre Estados Unidos y México. Un grupo de senadores azteca ha decidido posponer la aprobación de un acuerdo bilateral entre los dos países por la cooperación en casos de emergencia provocados por desastres naturales. Afirman que «no están con ánimo de avalar un acuerdo con Washington», ya que consideran que la ley sancionada «agravia» a los mexicanos.