Todos los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán un servicio de acogida y ofrecerán cursos

La única condición para acogerse a los servicios de integración es estar empadronado

Diez años después del inicio del boom migratorio, Catalunya será la primera comunidad del Estado español que dispondrá de una ley de acogida. Pese a no tener competencias básicas para regular la inmigración, Catalunya desarrolla una ley que facilitará unos “certificados oficiales del servicio de primera acogida” con eficacia jurídica en los ámbitos competenciales de la Generalitat y los entes locales.

No será el carnet por puntos que existe en Canadá, ni tan siquiera se exigirá un nivel de conocimiento elevado de la lengua del país como sucede en Francia, Alemania o Suecia. Pero con la nueva ley que hoy está previsto que apruebe el Parlament de Catalunya, la Generalitat pondrá a disposición de los inmigrantes recién llegados, y de quienes lo hicieron en el pasado, unos cursos básicos de conocimiento de la lengua catalana (135 horas), así como otros más cortos sobre conocimientos del mercado laboral y de la sociedad catalana y su marco jurídico. Hasta ahora, algunos ayuntamientos realizaban cursos de catalán, generalmente de 25 a 45 horas, pero ahora se van a generalizar y ampliar en todos los ayuntamientos importantes. Esos certificados facilitarán la obtención del informe que acredita el arraigo social, emitido por los ayuntamientos, así como la adquisición de la nacionalidad, ya que de acuerdo con la nueva ley de Extranjería, podrá ser utilizado como prueba de integración por el juez. Este certificado también facilitará la renovación de la autorización de residencia temporal y será de utilidad para la búsqueda de empleo. Aun así, en ninguno de esos casos se trata de informes preceptivos.

Los objetivos de la nueva ley son facilitar la integración de las personas inmigradas, la extensión de este servicio de primera acogida a todo el territorio, el fomento del desarrollo personal y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. La consellera Carme Capdevila considera que estos cursos contribuirán a “la formación del personal inmigrante y eso contribuirá a la salida de la crisis”. Sobre este punto, se apoya en el estudio del profesor Guillem López Casanovas publicado en la revista Paradigmes (2009), donde se valora el impacto económico que suponen las políticas de integración y se señala que quienes conocen la lengua y la sociedad de acogida ganan en autonomía personal, mejoran sus rentas y son menos dependientes de la asistencia pública.

Otro detalle de capital importancia para los redactores del proyecto es “hacer del catalán la lengua común de acogida en todo el territorio”. Es, además, el primer texto jurídico que define el catalán como lengua común de acogida e integración. Como señala Oriol Amorós, secretario de Immigració, “hace unos años se soñaba en una sociedad monolingüe, ahora sabemos que Catalunya será una sociedad multilingüe con el catalán como lengua común”.

Uno de los temas que ha provocado la oposición del PP a la ley (todo indica que contará con el voto favorable del tripartito y CiU) es precisamente la prioridad concedida al catalán. La ley dice que la formación del inmigrante le permitirá alcanzar las competencias lingüísticas básicas en lengua catalana definidas por el Marco Europeo Común y sólo una vez alcanzadas se podrá seguir la formación en lengua castellana.

La única condición para acogerse a estos servicios es estar empadronado. Eso significa que personas en situación irregular (es decir, sin permiso de residencia o trabajo), incluso con una orden de expulsión pendiente, tienen acceso a estos servicios de

• Primero se aprenderá el catalán
• Certificados para los nuevos catalanes – JOSEP PLAYÀ MASET
• Lo más esencial

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Primero se aprenderá el catalán

“Una vez adquiridas las competencias básicas en lengua catalana se puede iniciar la formación en lengua castellana, sin que la preterización de esta lengua suponga un agravio desproporcionado, sino un elemento normalizador de la lengua catalana”. Esta fue la respuesta del Consell de Garanties Estatutàries, presidido por Eliseo Aja, a la solicitud de dictamen del Partido Popular de Catalunya. El Consell concluye que el proyecto de ley no es contrario a la Constitución ni al Estatut. El único reparo es de índole gramatical. La ley dice que el servicio de primera acogida “ha de ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran”. Y el Consell considera que este precepto “no tiene una redacción suficientemente precisa”, ya que los términos “solicitar” y “requerir” son sinónimos de “pedir” y supone que el segundo término se utiliza en el sentido de “necesitar”. Sobre el uso del término “lengua común”, el Consell indica que “no tiene efectos jurídicos específicos adicionales a los que ya provienen de la declaración de la lengua catalana como una lengua propia”.

Para la consellera Carme Capdevila, en la foto, “si primero aprendes castellano no siempre aprendes el catalán, al revés generalmente sí”.

Políticas de integración de los inmigrantes

Certificados para los nuevos catalanes

La ley de Acogida consagra que el catalán es la lengua de acogida e integración

JOSEP PLAYÀ MASET – Barcelona

Todos los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán un servicio de acogida y ofrecerán cursos

La única condición para acogerse a los servicios de integración es estar empadronado
Diez años después del inicio del boom migratorio, Catalunya será la primera comunidad del Estado español que dispondrá de una ley de acogida. Pese a no tener competencias básicas para regular la inmigración, Catalunya desarrolla una ley que facilitará unos “certificados oficiales del servicio de primera acogida” con eficacia jurídica en los ámbitos competenciales de la Generalitat y los entes locales.

No será el carnet por puntos que existe en Canadá, ni tan siquiera se exigirá un nivel de conocimiento elevado de la lengua del país como sucede en Francia, Alemania o Suecia. Pero con la nueva ley que hoy está previsto que apruebe el Parlament de Catalunya, la Generalitat pondrá a disposición de los inmigrantes recién llegados, y de quienes lo hicieron en el pasado, unos cursos básicos de conocimiento de la lengua catalana (135 horas), así como otros más cortos sobre conocimientos del mercado laboral y de la sociedad catalana y su marco jurídico. Hasta ahora, algunos ayuntamientos realizaban cursos de catalán, generalmente de 25 a 45 horas, pero ahora se van a generalizar y ampliar en todos los ayuntamientos importantes. Esos certificados facilitarán la obtención del informe que acredita el arraigo social, emitido por los ayuntamientos, así como la adquisición de la nacionalidad, ya que de acuerdo con la nueva ley de Extranjería, podrá ser utilizado como prueba de integración por el juez. Este certificado también facilitará la renovación de la autorización de residencia temporal y será de utilidad para la búsqueda de empleo. Aun así, en ninguno de esos casos se trata de informes preceptivos.

Los objetivos de la nueva ley son facilitar la integración de las personas inmigradas, la extensión de este servicio de primera acogida a todo el territorio, el fomento del desarrollo personal y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. La consellera Carme Capdevila considera que estos cursos contribuirán a “la formación del personal inmigrante y eso contribuirá a la salida de la crisis”. Sobre este punto, se apoya en el estudio del profesor Guillem López Casanovas publicado en la revista Paradigmes (2009), donde se valora el impacto económico que suponen las políticas de integración y se señala que quienes conocen la lengua y la sociedad de acogida ganan en autonomía personal, mejoran sus rentas y son menos dependientes de la asistencia pública.

Otro detalle de capital importancia para los redactores del proyecto es “hacer del catalán la lengua común de acogida en todo el territorio”. Es, además, el primer texto jurídico que define el catalán como lengua común de acogida e integración. Como señala Oriol Amorós, secretario de Immigració, “hace unos años se soñaba en una sociedad monolingüe, ahora sabemos que Catalunya será una sociedad multilingüe con el catalán como lengua común”.

Uno de los temas que ha provocado la oposición del PP a la ley (todo indica que contará con el voto favorable del tripartito y CiU) es precisamente la prioridad concedida al catalán. La ley dice que la formación del inmigrante le permitirá alcanzar las competencias lingüísticas básicas en lengua catalana definidas por el Marco Europeo Común y sólo una vez alcanzadas se podrá seguir la formación en lengua castellana.

La única condición para acogerse a estos servicios es estar empadronado. Eso significa que personas en situación irregular (es decir, sin permiso de residencia o trabajo), incluso con una orden de expulsión pendiente, tienen acceso a estos servicios de

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Certificados para los nuevos catalanes

Lo más esencial

¿CÓMO SE CONSIGUE EL CERTIFICADO?

Con un curso de 135 horas de lengua catalana, 20 horas de conocimientos de la sociedad catalana y 10 horas de conocimientos laborales.

¿QUIÉN PAGA LOS CURSOS?

Los cursos son voluntarios y gratuitos para los extranjeros. La Generalitat los financia, pero los organizan los ayuntamientos y consejos comarcales.

¿QUÉ FACILITA EL CERTIFICADO?

No es obligatorio pero permite obtener el informe para autorizar el arraigo social; para renovar la autorización de residencia temporal y para adquirir la nacionalidad por residencia.

¿CUÁNTAS HORAS SE EXIGEN EN OTROS PAÍSES?

Francia pide 400 horas de estudio de la lengua para renovar el permiso de residencia; Alemania, 800 horas; Holanda, 600 horas, y en Suecia se hacen cursos de 2.000 horas.