A perro flaco todo son pulgas», dice la máxima que bien podría aplicarse sin mucho esfuerzo al comercio murciano, ya que el sector, sin haberse repuesto todavía del último ataque competitivo, ha de hacer frente a otro asalto contra la base misma del negocio, y los daños de esta andanada parece que pueden ser cuantiososo y duraderos.

El Congreso de Diputados ha comenzado a debatir, dentro de la reforma del Código Penal, la despenalización de las ventas de productos falsificados por los ‘manteros’ y otros ambulantes, que podrán ser ofertados, incluso en mercadillos, eso sí siempre que los beneficios obtenidos sean menores de cuatrocientos euros.

Con independencia del loable fin perseguido por la iniciativa de ERC – IU – IVC (acabar con la criminalización e ingreso en prisión de numerosos inmigrantes sin recursos, esencialmente), los diputados deberán hilar muy fino – si es que la mayoría lo permite – para evitar el sambenito de ser el primer país del mundo que legaliza productos falsificados.

Los mercaderes murcianos, que desde los años de las vacas gordas han sufrido las consecuencias de la avalancha de nuevos centros comerciales en la Región y el hundimiento de muchos negocios tras dos años de travesía del desierto consumista, a partir de ahora se enfrentan a un nuevo recorte de perspectivas.

Es necesario regular administrativamente la venta furtiva – cada vez menos clandestina y más provechosa – a la que se dedican no pocos barateros con o sin papeles. Sin embargo, al margen de la estancia ilegal de muchos foráneos, del norte o del sur, que cae de lleno en otros supuestos judiciales, la actividad comercial de los ambulantes no se resolverá rebajando el delito a niveles de falta leve, lo que equivaldría a dar carta blanca al trapicheo.

Las ventas en el sector del comercio minorista murciano llevan sin levantar cabeza desde noviembre del 2007, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo a causa de la paralización del consumo que, según los síntomas, podría seguir estancado durante los próximos meses.

No parece ni adecuado ni equitativo normalizar la actividad de un colectivo ‘emergente’ a costa de adelgazar el negocio de un gremio regulado y consolidado, que ahora se encuentra en horas bajas y por ello necesita más ayuda y atención por parte de las tres administraciones.