El presidente mexicano Felipe Calderón se refirió ayer a la ley aprobada en Arizona (EE.UU.), de la cual dijo que criminaliza la inmigración ilegal como una puerta de entrada al “odio” y a “la intolerancia”, y aseguró que no permanecerá “indiferente”.

“Los lazos de amistad, de comercio, de turismo y culturales entre México y Arizona se ven seriamente afectados por este tipo de legislación”, puso de manifiesto Calderón.

La legislación aprobada recientemente por Arizona, estado fronterizo actualmente gobernado por el Partido Republicano, permite a la policía detener a cualquier persona de la que se sospeche que pueda ser un inmigrante ilegal.

Calderón reivindicó que los inmigrantes mexicanos “han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona”, y exigió “un trato respetuoso para los migrantes en EE.UU.”.

El Mandatario apuntó a que el tema “estará presente” cuando se reúna con el presidente estadounidense, Barack Obama, y el Congreso de EE.UU en Washington en mayo.

Afirmó que esta ley no solo afectará a los mexicanos, sino incluso a los mexico – estadounidenses, “que también serán objeto de persecución injusta con esta legislación si no se detiene”.

“Esta circunstancia tan adversa tiene que ser un acicate para fortalecer y para incrementar la unidad y la organización de los mexicanos en EE.UU. y particularmente en el estado de Arizona”, arengó.

El Mandatario mexicano dijo haber dado instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los consulados de México en EE.UU., particularmente a los cinco que hay en Arizona, para que “redoblen sus acciones de asistencia y protección consular”.

Para el Presidente, la migración a EE.UU., donde hay unos 12 millones de mexicanos –aproximadamente la mitad indocumentados–, se lleva lo mejor de México, su gente.

Calderón dijo también que México es, asimismo, un país destino de la migración, tanto final como aquella en tránsito hacia EE.UU.

Cada año, cerca de 300.000 indocumentados, la mayoría centroamericanos, cruzan México; mientras que la ONG Sin Fronteras calcula que en el 2009 un total de 70.000 fueron interceptados y recluidos en estaciones migratorias del gobierno, donde algunos fueron víctimas de discriminación.

Sin Fronteras denunció el año pasado que “la excepción” es que los migrantes detenidos cuenten en México con asistencia legal.