Xavier Rius
Periodista

Parece que tanto en el Partido Popular de Catalunya como en CiU acabará imponiéndose el parecer de aquellos que ante la complejidad del fenómeno migratorio y sus problemas optan por la sensatez, abandonando los discursos y propuestas simplistas que tanto han abundado estos últimos meses y solo han servido para generar crispación y beneficiar políticamente a los xenófobos.
La pasada semana ya fue CiU en Manresa la que se negó a secundar la propuesta del concejal del PP, Xavier Javaloyes, de denunciar a los sin papeles, que tenía el apoyo del concejal de Plataforma per Catalunya, Albert Pericas, quien es conocido en la capital del Bages por su pasado skin y las peleas en las que se involucraba. Ayer, en El Vendrell, donde PP y Plataforma habían presentado una moción en igual sentido, el Partido Popular se desmarcó a última hora, quedándose solos los cuatro concejales de Plataforma, encabezados por August Armengol. Mientras, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, que el pasado martes se reunió con el delegado del Gobierno, Joan Rangel, para intentar buscar una solución al callejón sin salida en el que ha puesto al consistorio, estudia ahora si reajusta la distribución de atribuciones de competencias al concejal de ERC, responsable de la Oficina de Acogida, que se ha negado a denunciar a los irregulares, sin que dicho reajuste haga peligrar el apoyo de ERC al gobierno municipal.

Quienes conocen a Vila d’Abadal dicen que actúa en ocasiones sin mucha reflexión ni debate previo y que, en modo alguno, imaginaba hace cuatro meses, cuando decidió negar el padrón a los irregulares, las consecuencias mediáticas y políticas de su insumisión a la ley. Quien suele saber muy bien lo que hace es el concejal y líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol, que lleva ya varios años agitando los miedos a la inmigración y crispando los conflictos que surgen. Albiol, pese a residir en Pedralbes, pretende convertirse en el defensor de las familias humildes de Badalona y toda el área metropolitana que padecen las consecuencias del fuerte incremento de la inmigración. Pero no calculó bien sus actos, y con el folleto que repartió este fin de semana, en el que se reproducía una foto con un cartel con el texto No queremos rumanos, más allá de lo nefasto de estigmatizar a un colectivo, lanzó un torpedo bajo la línea de flotación de la política de inmigración del Partido Popular en Madrid. Mientras en Catalunya el colectivo de inmigrantes mayoritario es el marroquí, en Madrid lo es el rumano. Los rumanos, como ciudadanos de la Unión Europea, podrán votar y estar en las listas en las próximas elecciones municipales. De ahí que el PP en Madrid, desde el partido y desde las instituciones, haya hecho un gran esfuerzo de acercamiento a este colectivo. Posiblemente, ello influyó para que nada más conocerse que García Albiol repartía este folleto, la dirección del PP lo desautorizase, forzando también a Alicia Sánchez-Camacho, que había paseado con García Albiol mientras lo repartía, a pedir perdón a la comunidad rumana.
Es cierto que el colectivo gitano de Rumanía presenta unas particularidades que por su idiosincrasia genera problemas de adaptación y convivencia. Pero son comunitarios y su problemática debe abordarse fuera del debate de la ley de extranjería. Su encaje en la Europa del siglo XXI debe abordarse con una política conjunta de toda la Unión. Es preciso buscar lugares para su ubicación, en lugar de que, como ocurre ahora, vayan de un sitio a otro por la presión de la policía de uno u otro lugar o de ciudadanos que, como ocurrió en Italia, tras ser acusados por ciertos políticos y medios de comunicación de todos los males, asaltaron con palos y antorchas sus viviendas y campamentos. Si Xavier García Albiol sabe que los gitanos rumanos son comunitarios y, por lo tanto, nadie les puede expulsar, ¿pretendía acaso que fueran patrullas vecinales las que los echaran de sus casas, iniciando una espiral de violencia?