‘Colocaron’ en las oficinas de extranjeros de Murcia y Alicante hasta 2.000 contratos falsos de trabajo, y pueden haber llegado a ganar hasta 2,4 millones de euros con este negocio ilegal. Pero se les fue de las manos, y han terminado detenidos. Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia han desmantelado un grupo organizado que vendía contratos de trabajo falsos a inmigrantes y que había registrado alrededor de 2.000 solicitudes de regularización en base a ellos, en su mayoría, en oficinas de extranjeros de Murcia y Alicante.

La investigación policial se inició tras detectarse en la Oficina de Extranjeros de Murcia «una cantidad extraordinaria» de solicitudes de permisos de residencia, todas ellas fundamentadas en contratos de trabajo procedentes de las tres mismas empresas, relacionadas entre sí, y dedicadas a labores agrícolas en Alicante y Murcia.

Tras estudiar los casos se tuvo conocimiento de que un grupo organizado, integrado por cinco personas, entre las cuales se encontraban los titulares de la empresa investigada, habían configurado una trama dedicada a la venta a inmigrantes de contratos de trabajo falsos, para su utilización en la solicitud de permisos de residencia y trabajo. También se comprobó que, además de los empresarios, una pareja de nacionalidad española con domicilio en Alicante, participaba en la trama. También formaba parte de la red una abogada alicantina que realizaba los trámites para la expedición de los permisos, y dos hombres, uno de nacionalidad marroquí y otro ecuatoriana, que se encargaban de la captación de los clientes entre sus compatriotas, a los que ofrecían los papeles a cambio de dinero.

Según fuentes de la Policía, estos dos individuos ofertaban los contratos a cambio de cantidades que podían ir desde los 200 a los 1.300 euros. Así, en el mejor de los casos, la trama estafó 400.000 euros a los inmigrantes que cayeron en sus redes, pero la cifra se puede elevar hasta los 2,6 millones de euros si se toma como referencia la cifra de 1.300 euros por contrato.

Los cinco integrantes del grupo fueron detenidos durante los días 25 y 26 de marzo en Murcia, acusados de delitos relativos a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa. El juez los puso posteriormente en libertad, y permanecen vigentes las imputaciones señaladas.