Ha sido Luis Gutiérrez, un congresista demócrata de Illinois, quien ha encontrado la mejor imagen para definir lo que ha sucedido en EEUU desde el viernes, cuando Arizona aprobó la más dura ley contra los inmigrantes del país: se ha golpeado un avispero. Eso sí, a diferencia de lo que anticipa Gutiérrez, ese golpe no solo representa un riesgo de pérdida de votos hispanos para el Partido Republicano, cuyos miembros han impulsado y promulgado la ley estatal. Se ha puesto en jaque también a los demócratas, a solo siete meses de unas elecciones legislativas clave para la agenda del presidente, Barack Obama, cuya efectividad quedaría seriamente mermada si su partido perdiera la mayoría de la que disfruta en las dos cámaras del Congreso.
La reforma de las leyes de inmigración en un país donde los hispanos son ya la mayor minoría es, desde hace años, uno de los asuntos irresueltos de Washington. No consiguió que saliera adelante George Bush, que vio como el ala más conservadora de su propio partido hacía fracasar en el Congreso iniciativas que ese ala consideraba demasiado permisivas, lanzando ataques infundados pero efectivos en los que denunciaban que las leyes representarían una «amnistía».
Primer año de mandato
Tampoco ha avanzado Obama en su promesa de iniciar la reforma en su primer año de mandato. Pero, ahora sí, con la aprobación de la ley de Arizona (que criminaliza la estancia ilegal en el estado) el presidente ha usado las palabras más contundentes hasta la fecha, instando a Washington a actuar.
No hacerlo tiene efectos sociales en millones de personas: desde los cerca de 12 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula que viven en el país hasta millones más de inmigrantes documentados y la población favorable a endurecer los controles, cuya postura en muchos casos se ha radicalizado ante la crisis y el aumento del paro. Es la dimensión política y electoral del debate, no obstante, la que está marcando innegablemente su resurgimiento.
El Partido Demócrata está dividido sobre la conveniencia de meterse de lleno en un tema tan conflictivo, y hay varios motivos. Por una parte, los congresistas moderados no quieren sumar un asunto incómodo para electores de centro e independientes a los problemas que puede suponer ya en ese bloque de votantes haber apoyado la reforma del sistema sanitario. Por otra, demócratas como el líder del partido en el Senado, Harry Reid, se enfrentan a duras campañas de reelección, y sería bueno para ellos consolidar el voto hispano (especialmente en estados como Nevada, por donde es senador Reid y donde hay una fuerte presencia de inmigrantes).
La puntilla definitiva
Si lo lograran darían la puntilla definitiva a la pérdida del voto hispano que han sufrido los republicanos, una huida de votos que constatan las cifras y que ayuda a explicar las reticencias de los congresistas conservadores a acometer ahora esta reforma. Bush obtuvo en el 2004 el 44% de ese voto y, cuatro años después, John McCain, pese a haber impulsado el último intento de regularización, solo logró el 31%. (Ahora, envuelto en una lucha contra el ultraconservador J. D. Hayworth, McCain ha olvidado sus posiciones de hace dos años y se ha radicalizado, llegando a apoyar la ley de Arizona).
Hay más problemas que ponen en duda que el proceso para reformar la inmigración vaya a iniciarse. Hasta ahora el calendario legislativo tenía como próximos pasos la reforma del sistema financiero primero y la del sistema energético después, y eran esos procesos los que habían avanzado, mientras que el de la reforma de la inmigración está en pañales burocráticos.
Lindsey Graham, el senador republicano implicado en la preparación tanto de la propuesta de ley energética (con el demócrata John Kerry y el independiente Joe Lieberman) como en la de inmigración (con el demócrata Chuck Sumer), ha acusado a los demócratas de imponer «una trama cínica» política para cambiar el orden previsto dando prioridad a la inmigración, y ahora amenaza con paralizar tanto un proceso de reforma como el otro.