La aprobación en Arizona de una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos contra la inmigración ilegal ha levantado una ola de reacciones críticas a ambos lados de la frontera, además de reabrir el debate sobre un problema que las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush no lograron cerrar. Las autoridades del Estado que cuenta con casi medio millón de inmigrantes sin papeles y 1,8 millones de hispanos han optado por medidas tan radicales que su aplicación abre el camino a la discriminación racial. La competencia de la policía local para interrogar a cualquier sospechoso de irregularidad, sin que medie la comisión de delito, y la obligación de los ciudadanos de denunciar a quien no aplique esta norma, lejos de garantizar una mayor seguridad, configuran un Estado policial con elevado riesgo de arbitrariedad. En lugar de apostar por una legislación que vulnera claramente libertades fundamentales, Arizona debería ofrecer su cooperación a Washington para encontrar una solución que respete los derechos adquiridos por los inmigrantes y reduzca al mínimo el tráfico clandestino de trabajadores en beneficio de la contratación de mano de obra legal.