La batalla de SOS Racismo para empadronar a inmigrantes en la capital alavesa acaba de recibir un revés. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso que presentó la ONG en 2006 contra el Ayuntamiento de Vitoria – gobernado entonces por el PP – por su decisión de dar de baja en el padrón de habitantes a 374 inmigrantes . Todos ellos habían sido empadronados en el número 59 de la calle Zapatería, entonces sede vitoriana de la citada organización humanitaria.

El fallo, al que ha tenido acceso EL CORREO, considera que SOS Racismo carece de legitimación «para decidir el lugar en el que deben estar empadronadas las personas concretas objeto de las resoluciones». Asimismo, el auto judicial refleja que los empadronamientos son decisiones «personalísimas», que afectan a personas «concretas» que no han recurrido la resolución, con lo que el colectivo «carece de capacidad para obrar en nombre de quien no le ha apoderado de cualquier de las formas válidas en derecho».

El colectivo reclamó su legitimación como parte activa en el recurso porque persigue entre sus fines «la defensa de los derechos de las personas extranjeras» y el fondo del asunto es «esclarecer la validez del empadronamiento ficticio» para inmigrantes que utilizaban para ello la sede de la organización.

En cambio, el Ayuntamiento se opuso al recurso tras argumentar que el empadronamiento es «un derecho personalísimo y nadie puede decidir por cada persona dónde quiere o no estar empadronado».

El Alto Tribunal Vasco, además, avala las decisiones de Vitoria porque no fueron actuaciones que afecten «a un derecho del colectivo de extranjeros de Álava» sino que son «intervenciones administrativas que afectan a personas individuales», subraya.

La ONG abrirá nuevas vías

Y plantea que la ONG, según sus estatutos, «ni atiende ni promueve la defensa de cualquier derecho de los extranjeros». Sino que los intereses que defiende «están relacionados con conductas racistas» y la actuación municipal que fue recurrida «no se funda en un sentimiento de rechazo hacia razas distintas, sino en la aplicación de la legalidad». Contra esta sentencia del 29 de marzo no cabe recurso.

Pero SOS Racismo abrirá otras vías judiciales para conseguir los reempadronamientos, «porque la sentencia no entra en el fondo de la cuestión, sólo en las formas», explicó a este diario su portavoz, Fede García. «Estamos legitimados porque éramos los propietarios del local donde se hacían los empadronamientos y porque argumentamos lo mismo que cuando se nos dio la razón en el año 2006» y tuvieron que ser readmitidos en el padrón un total de 489 inmigrantes .