México, Guatemala, Honduras y El Salvador reaccionaron al unísono contra la nueva ley aprobada en el estado de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados. Estos países son los que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en EE.UU.,

La ley, firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, exige que la policía interrogue a personas sospechosas de ser inmigrantes y endurece las restricciones para contratar indocumentados.

México alertó que la nueva legislación “representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte” y que se replanteará la relación con Arizona.

El canciller hondureño Mario Canahuati señaló que la normativa “pisotea” los derechos de los inmigrantes; el Gobierno guatemalteco consideró que “amenaza las nociones básicas de justicia”, mientras el canciller salvadoreño Hugo Martínez teme que la ley desate “una persecución contra personas que trabajan, contribuyen a la economía y pagan sus impuestos en los EE.UU.”

Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a EE.UU. y allí viven más de 1,8 millones de latinos (29% de su población), entre ellos 420.000 inmigrantes sin papeles.

El Fondo Mexicano – Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) anunció que iniciará una querella contra la nueva ley migratoria, mientras que la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, que abarca a 30.000 iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, señalaron que demandarán en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva norma en Arizona.