México anuncia que se replanteará las relaciones con ese estado fronterizo
 

El rechazo a la ley promulgada el viernes en Arizona para criminalizar la inmigración ilegal ha sido contundente no sólo por parte de las organizaciones que velan por la situación de los más de 12 millones de extranjeros que viven de manera irregular en Estados Unidos, sino por diferentes gobiernos de la región que han señalado su preocupación ante la aprobación de una norma que, consideran, podría tener efectos negativos y discriminatorios contra sus connacionales.  

México es, hasta el momento, el país que ha reaccionado de manera más dura ante la ley promulgada por la gobernadora de Arizona, la republicana Jane Brewer. Su ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, afirmó ayer que la norma en cuestión «afecta las relaciones» con Arizona, y que por tanto el Gobierno mexicano «se tendrá que plantear» la relación con ese estado.

«Esta ley (…) afecta la relación entre Arizona y México y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con ese estado», dijo en una declaración oficial.

Tras lamentar que a la hora de aprobar la norma no se haya tenido en cuenta «la valiosa e inmensa contribución de los migrantes mexicanos a la economía, la sociedad y la cultura de Arizona y Estados Unidos», Espinosa opinó que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración.

La preocupación del Gobierno mexicano ante la ley aplicada en Arizona no es gratuita. Estados Unidos es el país con un mayor número de mexicanos en todo el globo y el flujo neto anual hacia ese país asciende a 390 mil mexicanos. Se calcula que actualmente  más de 10 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y que más de 400,000 residen en Arizona sin documentación migratoria.

Durante su declaración, la canciller mexicana afirmó que el Régimende Felipe Calderón no permanecerá  indiferente ante una ley que afecta a los derechos humanos de miles de mexicanos. «México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos afectados y su embajada, así como sus cinco consulados en ese estado redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica», finalizó la ministra.

Entre tanto, el Gobierno de Guatemala expresó su preocupación ante una ley que «amenaza las nociones básicas de justicia, coincidiendo así con las declaraciones hechas el viernes por el presidente norteamericano, Barack Obama, quien también ha cuestionado la norma promulgada por la gobernadora de Arizona y la ha calificado de «irresponsable».

«El Gobierno de Guatemala observa la posibilidad de los efectos negativos que esta medida puede tener en contra de los guatemaltecos inmigrantes», señala el documento, en el que, además, se hace un llamado a las autoridades estadounidenses para que el fenómeno migratorio sea atendido con medidas integrales que respeten los derechos humanos, independientemente de la condición migratoria.

Según el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, cada año unos 50,000 guatemaltecos, la mayoría de ellos indocumentados, viajan a Estados Unidos.  Finalmente, el Gobierno de El Salvador expresó su temor a que la ley recientemente aprobada en Arizona desate una «persecución» contra los inmigrantes salvadoreños en ese estado norteamericano. «Nos preocupa este tipo de legislación que viene a desatar una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos», dijo el canciller, Hugo Martínez.

Habría que indicar que poco antes de que la gobernadora Jane Brewer promulgara la ley, el ministro salvadoreño llamó a las autoridades de Arizona a «recapacitar y reconsiderar esa medida».

Hasta el momento, se sabe que dos grupos hispanos que velan por la situación de los inmigrantes  preparan sendas querellas contra la nueva ley antinmigrantes de Arizona: El Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF en inglés) y la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal.