HIYAB, burka, niqab. Palabras que hace un par de décadas sonaban más que ininteligibles en España y que, sin embargo, ahora están en boca de todos y generan un intenso debate con múltiples preguntas en el aire.
¿Hay que permitir el velo en las aulas? ¿Es discriminatorio para la mujer o es un acto libre de fe? ¿Debe prevalecer el derecho a la educación o a la religión? Las respuestas no son nada sencillas y han suscitado agudas y acaloradas discusiones en foros jurídicos y políticos, pero también en la calle. La falta de legislación ante un fenómeno impensable hace sólo diez años ha creado un vacío legal que alimenta la disparidad de criterios. Este debate no entiende de siglas, ni siquiera genera unanimidad en las jerarquizadas organizaciones políticas.

España multicultural

España es un país multicultural por la llegada de millones de inmigrantes en los últimos años. Conviven en tolerancia diversas religiones, etnias y tradiciones. Aunque, ante esta apariencia de normalidad, subyace un larvado problema de integración. Las encuestas así lo recogen.

Najwa Malha ha puesto sobre la mesa uno de los conflictos que amenaza con extenderse en un futuro. El uso del hiyab en las aulas. La joven de 16 años fue apartada del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, donde una normativa interna prohíbe acudir a clase con la cabeza cubierta, ya sea con gorras o pañuelo. La adolescente se negó a quitarse el pañuelo islámico y tampoco quiso trasladarse a otro centro con una normativa más permisiva.

«A quién le puede molestar el velo. No hace daño a nadie», razona Zora, una marroquí vecina de Pozuelo. «Son ellos los que deben adaptarse a las normas del país igual que nosotros nos adaptamos a las suyas», afirma Alejandro, un universitario de la misma localidad madrileña. Son las dos visiones ante el uso del hiyab en espacios públicos, como por ejemplo, los colegios.

No es un caso aislado, aunque tampoco habitual. En octubre, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, expulsó del tribunal a la letrada Zoubida Barik, defensora de un presunto terrorista islamista, por ir cubierta con un hiyab. Cuatro meses después, el Consejo General del Poder Judicial le dio la razón al juez y ahora es el Tribunal Supremo quien debe tomar una decisión definitiva.

El caso de Najwa es más complicado porque se mezcla todo: el derecho a la educación, la expresión de una creencia religiosa, el reglamento de un centro educativo y las normas familiares. Las asociaciones musulmanas han mostrado su malestar por una decisión que consideran que viola el derecho a la libertad religiosa que recoge el artículo 16.1 de la Carta Magna. El mismo argumento que emplea la Conferencia Episcopal para defender la presencia de crucifijos en las aulas.

Derecho a la educación

Algunas organizaciones islámicas se han planteado recurrir al Tribunal Constitucional ante la respuesta de la administración. La Comunidad de Madrid, la concernida en este caso, advirtió a Mohamed Malha, el padre de la chica, que en caso de negarse a trasladarse a otro centro será denunciado por vulnerar el derecho a la educación de su hija. Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, insiste en que debe primar el derecho a la educación de la menor. El titular de Justicia, Francisco Caamaño, se declara partidario de regular el uso del velo en la nueva ley de Libertad Religiosa en la que trabaja el Ejecutivo, pero que duerme el sueño de los justos sin fecha para despertar. La vicepresidenta primera, en cambio, no ve necesario incluir esa regulación en la futura norma.

Lo que preocupa es que la situación se radicalice. Las autoridades lanzan mensajes tranquilizadores para enfriar una situación que puede desbordase y fomentar brotes xenófobos. En cualquier caso, este conflicto pone de manifiesto la dificultad de integración de muchos inmigrantes, algunos ya nacidos aquí.