WASHINGTON. Dos grupos hispanos anunciaron ayer que recurrirán la ley de Arizona que convierte en delincuentes a los inmigrantes indocumentados en ese estado de Estados Unidos, mientras el Gobierno federal dijo que estudiará si dicha norma conculca los derechos civiles.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sancionó una ley que refleja la impaciencia de su Estado, y de otros, por la falta de una política inmigratoria clara del Gobierno de Barack Obama y ante la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros ilegales. Obama, que calificó como «mal encaminada» la ley de Arizona, ordenó al Departamento de Justicia de que la estudie para determinar si conculca las leyes federales de derechos civiles.

La ley autoriza a las policías del Estado a que detengan, interroguen y exijan documentos a las personas que los agentes tengan razones para creer que son inmigrantes indocumentados.

El Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF por su sigla en inglés), que recurrirá la ley, indicó que la legislación «lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país». Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también recurrirán la normativa en el ámbito federal para impedir que se aplique la ley de Arizona. «Millones de latinos en todo el país están conmocionados», sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30.000 iglesias evangélicas.