Para unos se trata de la protección de los ciudadanos, para otros es simplemente xenofobia en un país donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles. La ley es «irresponsable», criticó el presidente Barack Obama, que ordenó al Departamento de Justicia que examine si viola los derechos civiles. «El pueblo estadounidense merece una reforma migratoria integral y juiciosa», dijo Obama.

El tema de la inmigración es, junto con el del aborto, uno de los más sensibles en política nacional y un tema delicado para todo presidente. George W. Bush ya fracasó en el 2007 al intentar flexibilizar los derechos de los extranjeros. Su propuesta no prosperó. También Obama prometió durante su investidura aprobar en su primer año una ley de inmigración. Promesa que no ha cumplido.

Solo un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, una posible reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.

Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es presentar una reforma propia, como ya hicieron con la reforma sanitaria. Así podrán decir a los votantes hispanos que, al menos, lo intentaron.