Arizona cruzó ayer lo que para muchos es la línea roja de las medidas contra la inmigración ilegal al aprobar una ley que tratará como criminales a todos aquellos sin papeles que transiten por su territorio. Ni la oposición del Gobierno federal de Washington ni las protestas de numerosos colectivos de inmigrantes hispanos han podido evitar que la gobernadora del estado diera luz verde a una medida que convierte en delito residir sin documentos migratorios y da carta blanca a la Policía local para detener y castigar a una persona si existen «sospechas razonables» de que no está en posesión de los permisos adecuados.

La decisión de Arizona se produce justo en medio del debate sobre la reforma migratoria a nivel federal en la que la Administración Obama trabaja con el objetivo de legalizar el estatus de millones de inmigrantes ilegales que residen en el país norteamericano. El presidente estadounidense, Barack Obama, calificó como «mal encaminada» la ley y ordenó al Departamento de Justicia que determine si viola las leyes federales de derechos civiles.

Mientras, la ira y las protestas se extienden como la pólvora entre los colectivos de inmigrantes . El Fondo Mexicano – Estadounidense de Defensa Legal y Educación anunció una querella e indicó que la legislación «lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país».

Otro colectivo de peso, la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda judicial en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva normativa. «Millones de latinos en todo el país están conmocionados», sostuvo un portavoz de este grupo que representa a unas 30.000 iglesias evangélicas en todo Estados Unidos.

Ranchero asesinado

La aprobación de la normativa respondió al clamor de miles de ciudadanos, especialmente cerca de la frontera mexicana, después que un ranchero fuera asesinado supuestamente por inmigrantes indocumentados en una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros.

«No podemos sacrificar la seguridad de nuestros ciudadanos a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas», declaró la gobernadora. «Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplica esta ley y hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación».

Los adversarios de la norma opinan que, en un estado donde hay más de 1,8 millones de hispanos – el 29% de la población total – , entre ellos unos 420.000 indocumentados, es muy difícil que pueda aplicarse sin que la Policía se enfrasque en complicadas disputas con los latinos.