Parece difícil que el Gobierno entre a regular el uso del ‘hiyab’, o de cualquier otro símbolo religioso, en la futura ley de Libertad Religiosa. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró partidaria de respetar los «usos y costumbres» religiosos o culturales siempre y cuando, advirtió, «no conculquen derechos fundamentales, derechos humanos o sean contrarios a la seguridad».

La reflexión llegó al hilo de la situación de Najwa, la adolescente a la que no se permite asistir a clase, en un instituto del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, con la cabeza cubierta. El caso ha generado una gran controversia para la que los partidos no tienen respuesta. El debate del velo está demasiado verde en España; de ahí que aún existan importantes discrepancias internas en cada formación.

Aún así, la vicepresidenta primera, de quien depende en última instancia la futura ley, dejó claros sus planteamientos ‘a priori’. A su juicio, se trata de una cuestión que afecta a derechos protegidos constitucionalmente, como el derecho a la libertad religiosa, a la identidad cultural y a la propia imagen, además del derecho a la educación. Derechos, todos ellos, recordó, que deben ser garantizados. La duda está en si el pañuelo islámico es o no también un símbolo del sometimiento de la mujer. Existe una amplia discusión al respecto, incluso entre quienes profesan la fe de Mahoma.

Por eso, el Ejecutivo prefiere no adoptar una posición tajante ni actuar al calor de un caso «particular» que, según Fernández de la Vega, debería resolverse «entre todos» y «con sentido común». Sobre todo porque, a su juicio, el uso de símbolos religiosos «no constituye ningún problema social en nuestro país».

En otros países europeos, donde la inmigración de origen musulmán es mucho mayor, se ha intentado establecer límites legales al uso del pañuelo. Pero el Gobierno entiende que no son buenos espejos. Según fuentes gubernamentales, la legislación francesa ha provocado ya que más de 4.000 niñas estén sin escolarizar. «Un fracaso», subrayan.

«No atenta contra normas»

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, afirmó ayer que «el velo no atenta contra normas del Estado» y rechazó la comparación con el uso de la gorra que puede entenderse «como una expresión de cierto desprecio» frente al «distintivo de identidad» que supone la utilización de la ‘kepa’ para los judíos o el velo para las mujeres musulmanas.

En declaraciones a Telemadrid, López Aguilar pidió «racionalidad en el debate» y puso el ejemplo de los EE UU, país en el que muchos estudiantes llevan ‘kepa’ en las aulas. Por el contrario, señaló el ‘burka’ como una «cuestión distinta» con la que no se debe confundir ya que su caso concreto «perjudica la identificación de la mujer, provoca problemas de seguridad y, además, es un signo de discriminación».