El conflicto sobre el uso del ‘hiyab’ (velo islámico) desatado en el instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón resulta, en cierto modo, incomprensible para los obispos españoles. El secretario de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, dijo ayer que la Constitución española ampara su uso al recordar que la Carta Magna establece el derecho a manifestar el propio credo. Por tanto, considera una conclusión errónea afirmar que los símbolos religiosos pertenecen al ámbito privado, como se sostiene desde algunos sectores.

La CEE no abordó de forma oficial en su plenario de ayer la polémica suscitada en el centro escolar, donde se ha prohibido la entrada a una adolescente si lo hace con la cabeza cubierta con el velo islámico. Sin embargo, a preguntas de los periodistas, Martínez Camino insistió en que la Carta Magna avala el derecho de las personas e instituciones religiosas a manifestar las propias creencias. El prelado expresó su deseo de que el problema se resuelva teniendo en cuenta todos los elementos implicados, «que son muchos y complejos». En cualquier caso, las soluciones «técnicas» que se arbitren tienen que tener en cuenta los derechos fundamentales de todos. En este sentido, apeló al artículo 16.1 de la Constitución que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que el mantenimiento del orden público establecido por la ley.

De alguna manera, la visión de los obispos españoles coincide con la postura del Gobierno Zapatero. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó también ayer que el uso de símbolos religiosos en España «no constituye ningún problema social». Por tanto, abogó por resolver este asunto «desde posiciones conciliadoras» y «evitar problemas donde no los hay».

En su asamblea plenaria, los obispos españoles condenaron los casos de pederastia que sacuden a la Iglesia católica por todo el mundo. Martínez Camino hizo suya la frase del presidente del Episcopado, Antonio María Rouco Varela, y señaló que «un solo caso es demasiado». No obstante, puntualizó que estos «crímenes y desmanes» no constituyen «un problema generalizado de la Iglesia». Añadió que la institución «desea estar en primera línea en la protección» de menores, por lo que se mostró a favor de que se investiguen los abusos.

Ausentes del pacto educativo

Por último, monseñor Juan Antonio Martínez Camino lamentó que el Episcopado «no haya sido parte en el proceso» del pacto educativo. En cualquier caso, calificó de «muy positivo y necesario» que se produzca un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas y sociales. «Es un asunto de gran trascendencia», manifestó.

El documento final del pacto fue presentado ayer por el ministro Ángel Gabilondo a las diferentes colectivos que han participado en su redacción. Entre las voces discordantes se alzó ayer la de la Asociación Profesionales por la Ética, que censuró que el texto no modifique la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, «que provocó una intensa polémica social».