Febrero de 2002. La directora religiosa del colegio concertado de El Escorial Inmaculada Concepción le prohibía a una niña marroquí acudir a clase con el hiyab porque no cumplía con la ordenanza de uniformidad del centro. Lo decía una monja con la cabeza cubierta a una adolescente recién llegada a España y que apenas hablaba español.

La solución inicial fue cambiarla de colegio, al público Juan Herrera, en la misma localidad, pero la dirección del centro se negó y no por intolerancia al pañuelo sino porque la diferencia en el número de inmigrantes escolarizados entre los públicos y los concertados mantenía las lanzas en alto en toda la región.

“Nosotros no podemos hacernos cargo de todos los niños con necesidades especiales, porque no tenemos todos los recursos. La Administración tiene que decidir: o nos dan los recursos para hacernos cargo de todos o, si repartimos los recursos, también tenemos que repartir a los niños”, aseguraba en su momento la directora.

Fatima Elidrissi se convertía sin quererlo en el centro de una polémica que iba más allá de su vida y de su educación. La ministra de Educación en ese momento, Pilar del Castillo (PP) insistió en que debía quitarse el pañuelo, pero el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dio una orden clara: la niña tenía que estar escolarizada fuera donde fuera. Intervención rápida.

Lo más sencillo para el Gobierno regional fue obligar al centro público a hacerse cargo de su educación y pese a que la directora del Juan Herrera advertía de que “Fatima no iba a acabar el curso allí”, el año siguiente la propia alumna explicaba cómo vivió esa locura mediática y política: "Como yo no sabía hablar español, todo el mundo decía cosas por mí y nadie me preguntaba. Ahora puedo hablar por mí misma y decir que llevo el pañuelo porque yo quiero y no porque me lo diga mi padre».
Segunda polémica en ocho años

Abril de 2010, como si del día de la marmota se tratara, la Comunidad de Madrid en concreto, y España en su conjunto, sigue sin tener resuelto un tema que no debería afectar a la educación de las menores pero que, en muchos casos, acaba con ellas siendo enviadas a sus países de origen o abandonando las clases.

Ahora Fatima se llama Najwa y la disputa es en un centro público con una norma sobre la vestimenta dentro de clase. De nuevo, la niña tiene que debatirse entre mantener su costumbre o seguir asistiendo al colegio. De nuevo la alumna en el centro de la polémica. De nuevo políticas con opiniones encontradas.

En este caso, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido no intervenir. Le ha buscado otra plaza a la estudiante, como es su obligación, y si alguien le pregunta a sus responsables, advierten de que el pañuelo debe dejarse en casa.

La “polémica del pañuelo”, como se conoció el caso de Fatima y como se conoce el de Najwa, pone sobre la mesa de los partidos políticos otra tarea: aprobar una normativa estatal que establezca claramente qué deben hacer los alumnos y qué deben hacer los centros públicos en casos como éste.
Muchas preguntas… ¿alguna respuesta?

Suena difícil. Pasa por responder a muchas preguntas con las que nadie quiere posicionarse. Si el ‘hiyab’ es una cuestión religiosa o cultural. Si habrá que obligar a un estudiante a quitarse un collar en forma de rosario (muy de moda últimamente) o una pequeña cruz de pendiente o de collar. Si un pañuelo se puede comparar a una gorra. Si debe primar la escolarización de las niñas o la estandarización de la vestimenta. Si la libertad individual, que determina vestir como se quiera, o la normalización de ciertos ‘estilos’ en las aulas…

Pero sobre todo tienen que aprobar una normativa que saque a las niñas del centro de la polémica y que no ponga más nombres y apellidos a este tipo de conflictos, por fortuna nada generalizados pero que podrían marcar la forma de vida e integración de un país.