El convenio firmado entre la República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España en Argel el 12 de diciembre de 2006, publicado por el BOE el 24 de julio de 2008, prohíbe expresamente la extradición de los propios ciudadanos de cada país. El documento es muy claro al respecto, por lo que no hay casi ninguna posibilidad de que Raouf Bouziane pague en Alicante por el asesinato de su ex mujer, Fátima Zahra, perpetrado en un pub el pasado 11 de abril. «Nosotros vamos a seguir insistiendo», afirman sin embargo de la Fiscalía de Violencia Doméstica, donde a falta de la confirmación oficial prácticamente dan por hecho que el sospechoso del crimen es la misma persona que el polizón con un pasaporte falso que fue apresado hace unos días en la ciudad argelina de Gazahouet.

Impunidad

El tratado hispano – argelino veta terminantemente la extradición de nacionales, pero el artículo 3.3 contempla en cambio un compromiso contra la impunidad de delitos castigados por las leyes de ambos países. «La parte requerida (en este caso Argelia), se compromete en el marco de su competencia, a emprender acciones judiciales contra sus nacionales que hayan cometido en el territorio de la otra parte», reza el texto.

Para iniciar ese procedimiento es preciso que España dirija a Argelia por vía diplomática «una denuncia acompañada de los documentos y pruebas que estén en su poder». La juez Carmen Méndez emitió después del asesinato una orden internacional de búsqueda.