El ‘Estudio del capital social a partir de las redes sociales y su contribución al desarrollo económico: El colectivo de inmigrantes rumanos en la provincia de Castellón’, presentado ayer en Castellón, constata que un 75% de los rumanos residentes en la provincia – – al cierre de 2008 los rumanos censados ascendían a 52.000, y a ellos hay que añadir los que no figuran en ningún registro – – declara tener «expectativas positivas de retorno a su país».

La investigación, impulsada por la Fundación CeiMigra (Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes) y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat Jaume I, detalla que factores socioeconómicos en la sociedad de acogida como «la precariedad laboral, la escasa confianza en los propios miembros de la comunidad, o más recientemente, la actual crisis económica» explican el elevado porcentaje de expectativas de regresar a Rumanía que presenta la comunidad de población rumana radicada en la provincia.

El estudio se ha elaborado en base a unas encuestas traducidas al rumano (para facilitar la comprensión de las cuestiones que se planteaban) sobre una muestra de población de 418 rumanos residentes en Castellón, Vila – real, Burriana, Vinaròs y Morella.

La pregunta en concreto se planteaba bajo el epígrafe de ‘expectativas de retorno a su país’. La primera posibilidad que se daba a los encuestados era marcar el cuadrito de la respuesta «se queda a vivir definitivamente en España» y la segunda posibilidad, «piensa regresar a vivir a Rumanía», contemplaba cuatro opciones: regresar antes de seis meses, antes de dos años, antes de diez años o cuando obtengan la jubilación.

El 25,5% de los encuestados seleccionó la opción de quedarse definitivamente a vivir en su país mientras que el 74,8% restante contestó que pensaba regresar a vivir a su país de origen. En este último caso, de las cuatro opciones que daba la encuesta un 55,34% estimaba su regreso en un periodo no superior a los 10 años; un 22,99% pensaba regresar antes de dos años; el porcentaje de encuestados que preveía permanecer en España menos de seis meses era algo más del 9% mientras que el 11% restante contestó que pensaba retornar a Rumanía al jubilarse.

El estudio se centra en el análisis del capital social que supone la inmigración, en este caso concreto de la comunidad rumana, medido a través de variables como la confianza en la red personal, la participación en las asociaciones o la utilización de servicios formales.

En este sentido, los investigadores han evidenciado la «debilidad» de las relaciones de los inmigrantes rumanos con otros grupos menos afines cultural o ideológicamente (centros escolares, iglesias, asociaciones cívicas y culturales, servicios sociales) y la exigua partipación en los mismos. Por ello, reivindican la «implantación de políticas orientadas a la formación de este tipo de vínculos sociales para favorecer la integración social de los inmigrantes y la cohesión social en la sociedad de acogida».

A pesar de estas debilidades, los resultados apuntan a que son las mujeres las que están más integradas en el barrio y que la participación en las acciones del vecindario es más activa cuanto mayor es el periodo de residencia en España.

Fuentes del IIDL destacaron que se trata «del primer estudio de estas características que se acomete desde el Instituto» y subrayaron el «carácter pionero» que presenta al centrarse en el análisis detallado de las redes migratorias como expresión del capital social en el desarrollo local. En este sentido, hicieron hincapié en que el modelo utilizado «nos aproxima al capital social, la confianza y las redes sociales».

La directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y miembro del equipo de investigación del proyecto, Ana Fuertes, que se encargó de presentar ayer la publicación junto a Joan Serafí Bernat, director del equipo de investigación y vicerrector de la UJI, explicó que «este modelo nos permite evaluar los indicadores sobre integración, participación en la comunidad, conocimiento y utilización de los servicios comunitarios como expresiones del capital social horizontal (se analiza a través de la integración en el vecindario y las redes íntimas o de confianza) y el capital social vertical (se aborda en función de la participación comunitaria en asociaciones y el acceso a recursos institucionales)».

Fuertes también quiso reflexionar sobre la «necesidad de concienciar a políticos, gestores públicos, agentes económicos y ciudadanos del valor del capital social de una colectividad como un recurso acumulable y como un bien público que hay que promocionar, pues la carencia del mismo frena el desarrollo asociado a un territorio».

El estudio está enmarcado dentro de las líneas de investigación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local correspondientes a los temas de los cambios demográficos, flujos migratorios y capital humano, y por último capital social. Los autores muestran interés en las diversas facetas relacionadas con este tema que tiene su base en trabajos previos individuales o colectivos en torno a aspectos demográficos, migraciones, capital social o participación social.

El equipo de investigación, coordinado por Joan Serafí Bernat, está compuesto por Raquel Agost, Ana María Fuertes, Iluminada Fuertes, Cristina Montañés, Elena Ramona Bucur y Grisela Soto como personal investigador y por Natacha Jiménez y Ángela Margareta como colaboradoras, además de Alba Moliner como personal becario.