La crisis política derivada de la dimisión de Leterme y de la salida del Gobierno de sus socios liberales flamencos ha forzado al Parlamento federal belga a aplazar el debate que tenía previsto celebrar sobre la polémica prohibición del velo islámico en espacios públicos. La presidencia de la Cámara no ha señalado nueva fecha para el pleno, a la espera de que el rey decida si acepta o no la renuncia de Leterme, y de que, en su caso, se forme nuevo Gobierno.

Curiosamente, la prohibición del velo islámico y de sus versiones como el burka afgano y el niqab saudí es de las pocas cosas en las que coinciden flamencos y francófonos. De hecho, todos los partidos se pusieron de acuerdo en ese extremo en la Comisión de Interior del Parlamento, que el pasado 31 de marzo aprobó por unanimidad una proposición de ley que prevé pequeñas multas e incluso penas de prisión de hasta siete días para quienes vistan en público prendas o accesorios que oculten su rostro o impidan su identificación.

Apoyo

La propuesta contó con el apoyo de los cinco partidos que hasta ahora formaban parte del Gobierno belga. Y si el Parlamento y el Senado le dieran luz verde finalmente, Bélgica se convertiría en el primer país de toda la Unión Europea que daría tratamiento criminal al uso público de esas prendas, consideradas parte de la tradición cultural para muchos musulmanes, pero en las que muchos occidentales ven una evidente agresión a los derechos de la mujer, que se vería forzada a usarlos no por decisión propia, sino por la enorme presión de su entorno social y familiar.

El proyecto de ley no hace alusión específica a vestimentas concretas, pero en la práctica castigará el uso de las versiones más polémicas del velo, como el burka afgano, que oculta por completo el rostro y el cuerpo de la mujer, y el niqab saudí, que solo deja ver sus ojos.

La norma sí contempla excepciones para aquellos casos en los que ocultar el rostro sea un imperativo para la seguridad de los ciudadanos, como en el caso de los motoristas, o resulte necesario para el trabajo de funcionarios públicos, como policías o bomberos.