La repentina urgencia de esta ley no se detiene ante su posible inconstitucionalidad, como advirtió el Consejo de Estado. Esta institución francesa considera que la prohibición total del velo integral podía llevar a «serios riesgos» y «fuertes incertidumbres». Es decir, que podía ser tumbada posteriormente por el Consejo Constitucional de este país por chocar con «el principio de autonomía personal», aunque buscara la protección de la laicidad.

El Gobierno, por tanto, no tiene en cuenta que se le ha aconsejado limitar la prohibición a los servicios públicos que necesiten de verificaciones de identidad o edad y por razones de seguridad: administración, bancos, salidas de las escuelas, cines, discotecas, manifestaciones deportivas o conferencias internacionales.