Los colegios tienen potestad para regularlo pero, ¿deben intervenir las instituciones públicas? El debate está abierto.

MADRID/París – El uso del velo islámico vuelve a suscitar polémica. Mientras en Francia ultiman una ley para prohibirlo, en España se ha abierto un encendido debate sobre el uso de la prenda después de que el pasado 16 de abril el instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) apartara a una niña de 16 años por llevar el «hiyab» islámico.

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y la Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) respaldaron ayer el derecho del colegio a «dictar sus propias normas», que impiden el uso de cualquier elemento que cubra la cabeza de los alumnos. Sin embargo, el presidente de Ceapa, Pedro Rascón, dijo que estos reglamentos «no pueden primar sobre el derecho a la escolarización», por lo que «alguien tendrá que decir cuál es la solución.

El Movimiento Laico Progresista apoyó la decisión del instituto madrileño y recordó que «los reglamentos internos están para cumplirse». No obstante, culpó de la polémica al Gobierno por «su incapacidad de ordenar la convivencia entre personas de diferentes orientaciones religiosas».

Decreto de convivencia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, indicó que no se debe llevar «la cabeza cubierta dentro de los centros educativos» ni con pañuelos ni con ninguna otra prenda, aunque respeta «la libertad y autonomía» de colegios e institutos.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, recordó que fue el PSOE el que decidió que fueran los colegios los que pusieran las normas, como recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el decreto de convivencia que la desarrolla, y abogó por una regulación autonómica.

En esta misma línea se manifestó el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que aseguró que «los centros educativos tienen mucho que decir», pero los «gobiernos autonómicos también tienen la responsabilidad de establecer normas claras al respecto».

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pidió que «se tenga en cuenta el derecho a la escolarización de los menores» y señaló que este debate aborda un «tema muy complejo» que no se va a zanjar en un momento, «cuando ha habido países enteros que han estado años debatiendo» y «no han sido capaces» de cerrar el tema. La comunidad musulmana en España supera los 1,3 millones y se estima que más de 300.000 mujeres usan el velo islámico a diario.

Uno de los países a los que hacía referencia Gabilondo es Francia, que ayer dio un paso más para solucionar el problema. Su presidente, Nicolas Sarkozy, puso fin a meses de dilación y ambigüedad: la prohibición del velo integral será total. No sólo en los servicios, sino en todo espacio público, incluida la calle.

Para ello, el Gobierno francés elaborará un proyecto de ley que será presentado en Consejo de Ministros a mediados de mayo, según anunció ayer el portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel, confirmando el deseo del presidente galo de «avanzar rápido».

Sarkozy, que hace menos de un año declaraba la guerra a esta prenda, «signo de sumisión de la mujer», zanja así un interminable debate sobre la conveniencia de prohibir el uso del velo islámico integral y su perímetro de aplicación, sobre todo después de que el Consejo de Estado, la más alta instancia administrativa del país, se manifestara a finales de marzo contra una prohibición total por considerarla «jurídicamente contestable».

Sus recomendaciones y advertencias sobre posibles colisiones con principios constitucionales han sido desoídas. Sobre todo porque en 1989 este mismo tribunal consultivo desaconsejó legislar sobre el velo islámico, «hiyab», en las escuelas y la ley, eficiente desde su aprobación en 2004, tardó quince estériles años en ver la luz.

Aunque aún no ha trascendido la manera en que se articulará, sí se conocen los principios vertebradores de la futura norma que debería ser votada por el Parlamento en verano. Ayer los detalló en la reunión semanal con sus ministros el líder galo, que quiere una «prohibición general en todo espacio público porque la dignidad de la mujer no se divide», pero velando en todo momento por que «nadie se sienta estigmatizado por su confesión».

Porque para Sarkozy el problema que plantea el velo islámico integral no es de orden religioso, según explicó el portavoz gubernamental. Lo que supone es «un menoscabo de la dignidad de la mujer». Razón también por la que el primer ministro, François Fillon, dijo estar dispuesto a «correr los riesgos jurídicos» que sean precisos, pues estima que no se puede pecar de exceso de prudencia ante una legislación «inadaptada a la sociedad de hoy».
2.000 mujeres afectadas

En realidad, apenas llegan a 2.000 las musulmanas que utilizan en Francia este tipo de túnica que cubre el cuerpo entero y que sólo deja, según las variantes, una rendija para los ojos. Se trata de una práctica minoritaria de la corriente salafista, pero lo que se pretende es legislar de cara al futuro para evitar que un fenómeno que constituye según el Gobierno «el repliegue de una comunidad sobre sí misma y el rechazo de los valores republicanos», degenere.

El islam es la segunda religión en Francia, con cinco millones de musulmanes, representados por colectivos como la Gran Mezquita de París o la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia. Todos integran el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), que sirve de instrumento de diálogo con el Gobierno, y hasta ahora se han mostrado reticentes a la prohibición de una prenda que consideran radical pero minoritaria.