La lentitud de los juzgados suele tener consecuencias negativas, pero también hay quien se ve muy beneficiado. Este es el caso de Sergine D., un ciudadano senegalés de 51 años que fue detenido en 2004 y en 2006, tras descubrir los agentes que en su vehículo llevaba decenas de cedés y deuvedés falsos que él solía exponer en la playa de Gandia para su venta. El ‘ex mantero’ no tenía los papeles en regla. El proceso penal se inició en 2007 y todavía no se ha celebrado el juicio.

La subdelegación del Gobierno de Huelva, ciudad donde Sergine vive actualmente, le ha concedido ahora el permiso de residencia y de trabajo ante el retraso de más de tres años de la celebración del juicio en el que se le iba a juzgar por la venta ilegal de estos artículos falsos. «Estoy muy contento por tener los permisos, ya que hace años podrían haberme expulsado. Ahora tengo un trabajo y me gustaría quedarme aquí en España», destacó Sergine a LAS PROVINCIAS. Además, según indicó su abogado, Fernando Osuna, la vista será a partir de agosto de 2011. Sea cual sea la sentencia, en ningún caso será expulsado. Este caso lo está llevando el Juzgado de lo Penal de Gandia. Precisamente, esta misma semana el Tribunal Supremo rebajó a una multa de 3.000 euros la sanción de 18 meses de inhabilitación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso el pasado año al entonces titular Rafael Sempere, por los retrasos injustificados en las resoluciones de asuntos judiciales. Este magistrado fue sancionado por haber dictado 17 sentencias con más de cinco meses de retraso.

Algunas de las personas más perjudicadas eran las relacionadas con temas de extranjería, ya que podían llegar a esperar hasta dos años para poder asistir al juicio. Sergine lleva ya tres.

El Supremo, ahora considera que la falta pudo producirse porque el juzgado estaba colapsado.

Sergine llegó a Gandia en 2004, y tras residir tres años en la capital de la Safor, se mudó a Huelva donde solicitó hace varios meses permisos de residencia y de trabajo. Allí, trabaja para una empresa dedicada a tareas agrícolas.

La oficina de extranjería de esta localidad andaluza encontró el obstáculo para conceder esas peticiones debido a que el Juzgado de Gandia tiene abierto desde 2007 un proceso penal contra este hombre por un presunto delito contra la propiedad intelectual, según comentó su abogado.

Sin embargo, al ver la oficina de extranjeros que pasaba el tiempo y no se fijaba fecha de juicio, decidió concederle esos permisos de residencia y trabajo en España «teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, unido al retraso del caso», señaló su abogado.

Además, pone de manifiesto que en este campo de la venta en la calle de cedés y deuvedés musicales y de películas «hay criterios judiciales que consideran que esta actividad no es constitutiva de delito y en ocasiones absuelven a los acusados de tales conductas».