“La única manera de que los manteros no entremos en la cárcel y salgamos de la manta es sacando la manta del Código Penal”. Para Omar Sylla, inmigrante senegalés con dos años de residencia en España, esa es la situación en la que él y sus compañeros en la venta ambulante de material audiovisual pirata se encuentran.

Lo ha explicado durante una rueda de prensa concedida minutos antes de que María Ladge, de la asociación ‘Sin Papeles de Madrid’ y Margarita Martínez Escamilla, de la Plataforma de Juristas, le ayudaran a transportar las firmas en favor de despenalizar el ‘top manta’. En un año y medio de campaña desde octubre de 2008 han conseguido que 20.906 personas rubricaran su petición al parlamento.

El jueves la comisión de Justicia de la Cámara Baja comenzará a debatir la reforma del Código Penal. Con la actual ley en la mano, los manteros pueden ser condenados a penas que oscilan entre seis meses y dos años de cárcel y sanciones entre 700 y 2.000 euros. Pero según explica Margarita Martínez Escamilla el periodo entre rejas puede ser superior. “Si la multa no puede abonarse se traduce en más tiempo en la cárcel”. Aunque el nuevo proyecto pretende rebajar el delito a falta leve en los casos en que el beneficio obtenido por el vendedor no supere los 400 euros, las asociaciones que han promovido la recogida de firmas no consideran este avance suficiente.

El principal problema de la reforma, explica Escamilla, es la necesidad de abonar las indemnizaciones antes de la sanción. “Es decir que antes de pagar la multa, según el artículo 125 del Código Penal tendrían que indemnizar civilmente a la Sociedad General de Autores (SGAE)”. Si no pueden hacer frente a este pago, el final del camino vuelve a ser la prisión.

Su solicitud es que el problema sea tratado con normas de orden público y administrativo, “que ya existen para impedir la venta ambulante descontrolada”. Esto ahorraría, además, “que los jueces dedicaran tiempo al asunto, los costes penitenciarios y que la policía pierda tiempo compareciendo en estos delitos”, afirmó la jurista.
Petición al Congreso

Martínez Camilla hizo un llamamiento a diputados y senadores “para que aprovechen la primera vez que los ciudadanos unen sus voces en una crítica al exceso penitenciario”. La jurista recordó que la actual legislación “vulnera el sentido común” y que “los manteros no tienen que pagar los problemas de la industria audiovisual”.

Se trata de una solicitud que también comparten los artistas de la Plataforma de apoyo. Nathalie Seseña, miembro de la asociación y actriz, expresó a través de un vídeo en la rueda de prensa que debido a su oficio “apoya la propiedad intelectual” pero no cree “que pueda estar por encima del derecho a vivir de cualquier persona”.

Durante el último año y medio se pidieron 60 indultos para los condenados por el ‘top manta’, de los cuales sólo fueron concedidos ocho. Noventa inmigrantes siguen en prisión por este delito y según Omar Sylla, que también tiene antecedentes por este tipo de venta ambulante, se calcula que 500 se dedican a esta actividad en Madrid. “Venimos a España con oficio, la manta no es nuestro sueño”, lamentó el senegalés que explicó la cómo la actual situación es un ciclo del que les resulta difícil salir: “Al hacernos antecedentes penales ya no podemos conseguir papeles”, y sin papeles no pueden conseguir otro trabajo.