MADRID – En teoría, no hay recortes sociales; pero en la práctica, parece ser que sí. El presupuesto de las políticas de integración de inmigrantes es un 41 por ciento menor que hace cinco años, a pesar de que hay casi tres millones de extranjeros más. En 2005 el número de extranjeros con tarjeta de residencia era de 1.977.291 (datos a 31 de diciembre de 2004) y el fondo llegaba a los 120 millones de euros. En 2010, el presupuesto es de 70 millones y los extranjeros con tarjeta de residencia son 4.791.232. El Gobierno ha hecho bandera del eslogan de las política sociales, pero cuando se trata de pasar de la palabra a los hechos, parece que la crisis acaba imponiéndose a la bondad de algunas promesas.
Un ejemplo es lo que ha ocurrido con el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes , que está dotado en los PGE con 100 millones menos que en 2009. El Congreso aprobó por unanimidad el 23 de diciembre de 2009 una proposición no de ley del Grupo de ERC – ICV – IU en la que se reclamaba que se incrementaran los recursos de ese fondo «hasta alcanzar las mismas dotaciones presupuestarias previstas para 2009».
De acuerdo con ese mandato parlamentario, debería estar dotado este año con 200 millones. Sin embargo, en la conferencia sectorial se le aplicó otro recorte, dentro de la política de ajuste de gasto en la que se ha embarcado «in extremis» el Gobierno acuciado por el déficit. En concreto, el «tijeretazo» fue de otros 30 millones de euros, quedando así en 70 millones.
Las necesidades políticas no coinciden en este caso con las sociales, ya que esta partida presupuestaria, dirigida a la acogida e integración de inmigrantes , cobra especial importancia en momentos de crisis económica, porque precisamente los inmigrantes son uno de los colectivos más desprotegidos y urge mantener un colchón mínimo de atención para evitar la conflictividad social. El aumento del desempleo entre los inmigrantes alcanza el 30 por ciento.  La oposición responde y acusa al Gobierno de engañar con su promesa de que «no haría recortes sociales», ya que, a su juicio, sí que los está haciendo por la puerta de atrás a través de conferencias sectoriales o acuerdos de ajuste presupuestario.   Hasta ahora el ministro de Trabajo sólo se ha comprometido ante el Congreso a «seguir trabajando para ver qué posibilidades hay para que pudiera reponerse si no del todo, una parte de ese fondo de 100 millones». El mandato de la Cámara obliga en teoría al Ejecutivo a dotar el fondo con 200 millones de euros, por lo que debería reponer 130 millones.