QUISIÉRAMOS dejar atrás la miseria para volver a la pobreza. Así titulaba un rotativo inglés, días atrás, un reportaje protagonizado por personas inscritas en las nuevas bolsas de pobreza y de infrapobreza que la crisis económica ha propiciado en Gran Bretaña. El problema, por desgracia, no es exclusivo de aquel país. En muchas ciudades españolas, y sin duda en todas las de cierta importancia, en las más pobladas, la precariedad gana terreno día a día; además, en los niveles más desfavorecidos de la sociedad progresa con una severidad que no puede sino acabar causando enorme frustración y desespero entre sus víctimas.

Cuanto más aumentan los problemas, menos son los recursos disponibles para hacerles frente. El Gobierno está redondeando un plan de recortes del gasto público por un monto de 10.000 millones de euros. Y estas restricciones tienen su correlato autonómico. En la Generalitat, pueden llevar a una mengua del 20% de los presupuestos generales. Tras meses e incluso años de relativizar la gravedad de la situación económica, el Gobierno está tomando medidas quirúrgicas, dolorosas, lesivas. Ya casi todos estamos afectados por la crisis. Pero lo que en algunos casos se traduce en apretarse el cinturón, en otros supone una operación cuyos resultados pueden acercarse mucho a los de la asfixia.

Los programas sociales destinados a socorrer a los inmigrantes en una situación más delicada también se han visto afectados por la crisis. Pese a los compromisos para mantenerlos vigentes, la realidad se ha impuesto, inclemente. Los ayuntamientos, a menudo el último eslabón en esta cadena de asistencias sociales, se esfuerzan para preservarlos. Con escasa fortuna: tales asistencias se ven paralizadas y sus beneficiarios quedan en una situación de clara indefensión. Las organizaciones públicas o privadas que les atienden no pueden sino verbalizar su impotencia. El drama humano, con nombres y apellidos, constantemente renovado, es la penosa consecuencia de esta deriva.

La contabilidad estatal no entiende de dramas particulares. Resulta comprensible, además, que la crisis tenga también entre sus consecuencias una reducción parcial de la población emigrante, del mismo modo que diezma las filas de los empleados y engrosa las del paro. Pero no hay que olvidar que los municipios, las ONG y los organismos que tratan de paliar la miseria de los más desfavorecidos son los que gestionan cara a cara esta situación. Y, en la medida de lo posible, aunque sea en menor proporción que en pasadas épocas de bonanza, hay que intentar echarles una mano.