La Generalitat cree que CiU usa Vic sólo para conseguir réditos en las próximas elecciones
El Gobierno no está dispuesto a que la actitud retadora del alcalde de Vic pueda contagiarse a otros municipios y por eso ha decidido frenar en seco las intenciones de ese Consistorio. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó ayer de que ha solicitado un informe de la Abogacía del Estado que valore las circunstancias legales sobre la utilización del padrón municipal.

Fuentes de la Moncloa explicaron que los ayuntamientos no pueden utilizar de forma discrecional la información de los ciudadanos que obra en su poder. La ley de Protección de Datos es muy clara en este sentido y por eso en la vicepresidencia primera consideran que la obligación de custodiar celosamente la información personal de sus ciudadanos les impide utilizarla en su contra, esto es, en el caso de los inmigrantes indocumentados para denunciar su situación irregular.

Puesto que el alcalde de Vic plantea fundamentalmente una batalla en términos de estricta legalidad – uno de sus argumentos es la interpretación directa de la directiva europea sobre inmigración-,en la Moncloa consideran que debe ser un estudio jurídico el que deje taxativamente claro lo que se puede y no se puede hacer con los datos contenidos en el Padrón Municipal.

De hecho, el Ejecutivo ya logró una primera victoria en la disputa al acudir a la Abogacía del Estado cuando el Ayuntamiento de Vic anunció que no empadronaría a los inmigrantes que no contasen con permiso de residencia. Una vez que el estudio jurídico le dio la razón, el Ejecutivo anunció una reforma de la ley de Bases de Régimen Local, donde se especificará de forma explícita la obligación de los ayuntamientos de empadronar a sus residentes, independientemente de su nacionalidad y de su situación documental.

La propuesta satisfizo al Consistorio.

También el Govern abordó ayer la polémica generada por el Ayuntamiento de Vic con un mensaje dirigido a cuestionar la legalidad de la medida anunciada por su alcalde. El conseller Joaquim Nadal, que actuó de portavoz, consideró que no está amparada por la ley una eventual competencia de los municipios para ofrecer datos al Gobierno sobre el empadronamiento de inmigrantes sin papeles y, asimismo, apuntó la posibilidad de que una iniciativa de este tipo vulnere la ley de Protección de Datos. “Las expulsiones e identificaciones corresponden a otras administraciones”, recordó el conseller, quien señaló que a los ayuntamientos no se les puede pedir más de lo que ya hacen.

De todas maneras, el Govern aseguró que no tiene constancia de que Vic haya empezado a enviar datos al Ejecutivo sobre los inmigrantes en situación ilegal. A la espera de lo que pueda suceder, la crítica política del tripartito se centró en CiU, al considerar que el debate se está utilizando de forma partidaria y buscando réditos en las próximas elecciones. El Govern pretende fijar con claridad su posición pero, al mismo tiempo, no quiere entrar en confrontación dura con el Consistorio al entender que gestiona una situación sensible que si se azuza puede dar alas a los grupos radicales.