Mucho más a ras de tierra que la sentencia del Tribunal Consititucional sobre el Estatut, la inmigración ha irrumpido con fuerza en el debate político hasta convertirse en el eje de la precampaña de las autonómicas catalanas. Con el paro como principal problema de los ciudadanos, en medio de una crisis económica a la que no se ve fin, los partidos toman posiciones en un contexto europeo de éxitos de la extrema derecha cosechados recientemente en comicios celebrados en Hungría, Francia, norte de Italia y Suiza.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, acusó ayer a CiU de tener la «tentación» de utilizar la inmigración irregular para obtener réditos electorales. «Si no, no entiendo estas polémicas estériles que no llevan a ninguna parte», afirmó Montilla en decraciones a Rac1. El president añadió que la pregunta que la federación nacionalista trasladó a la Comisión Europea sobre la posibilidad de negar el padrón a los inmigrantes sin permiso de residencia, un extremo que defiende el alcalde de Vic; se ha formulado «para poderla utilizar políticamente».
Por su parte, el portavoz adjunto de Convergència, Felip Puig, anunció ayer que su partido dará libertad a sus alcaldes para denunciar o no ante el Gobierno los casos de inmigrantes irregulares, y desautorizó al presidente de la sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, quien este fin de semana se desmarcó de la decisión del alcalde de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila d´Abadal (UDC), de denunciar a los irregulares. Puig hizo estas declaraciones en rueda de prensa, después de que Colom considerara que la respuesta de la Comisión Europea a una pregunta del eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa (CDC), era ambigua, y dejara claro que no compartía su contenido. «Posiciones como las del Ayuntamiento de Vic dijo Colom pueden alejar a muchos nuevos catalanes del catalanismo, cuando lo que tenemos que hacer es vertebrar un proyecto integrador, como lo que ya estamos haciendo; y lo hacemos desde CiU».
Mientras el candidato de ICV a la presidencia de la Generalitat, Joan Herrera, censuraba a Artur Mas por avalar que el alcalde de Vic comunique al Gobierno las situaciones irregulares de quienes se empadronen en su municipio, una actitud que calificó de «mala copia de grupos xenófobos» y propia «de un Estado policial»; la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, anunció que todos los grupos municipales de su formación presentarán mociones en los ayuntamientos para que comuniquen a la Delegación del Gobierno «todas las presuntas situaciones de inmigración irregular que detecten en sus padrones».