BARCELONA – Harto de la polémica en Vic sobre el empadronamiento de los inmigrantes «sin papeles» y de delatarlos al Estado, el Gobierno pidió ayer un infome jurídico para intentar poner un punto y final al debate. Así lo informó la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, quien en la misma línea de la Generalitat, advirtió que el Ayuntamiento de Vic podría estar vulnerando la protección de datos personales de las personas registradas en el padrón  municipal.

«En principio, no compartimos la posición del alcalde, pero vamos a tener un informe fundamentado sobre el tema», explicó Fernández de la Vega tras una reunión con los delegados de Gobierno de toda España.

Por su parte, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, sigue defendiendo su postura de comunicar los datos de los inmigrantes en situación irregular empadronados en el municipio basándose. Vila d’Abadal se basa en la alerta que disparó el pasado viernes la Comisión Europea de comunicar cualquier vulneración de la legalidad a las autoridades competentes. A pesar de lo dicho por el alcalde, hasta hoy  la Delegación del Gobierno no ha recibido ninguna notificación de  algún inmigrante en situación irregular.

A modo de comunicado, el Consistorio aclaró ayer que «tal y como ya se dijo en enero, se seguirá empadronando a todas aquellas personas que lleguen de la Oficina Municipal de Acogida, sea cual sea su situación legal». Pero «se comunicarán a la Delegación del Gobierno los casos en los que haya dudas sobre su identidad o sobre su situación de residencia en el país».
Ante esta postura, la Generalitat continúa viendo que Vic se sitúa  fuera de la ley vulnerando la protección de datos.