EL PERIÓDICO
BARCELONA

La gestión de la inmigración gana peso día a día como tema estrella de la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para otoño. Ayer el presidente de CiU, Artur Mas, intercedió para avalar la decisión del alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal, de informar a la Delegación del Gobierno en Catalunya desde hoy de las «irregularidades» que se detecten en el empadronamiento de extranjeros, como el incumplimiento de los requisitos de residencia legales.
El líder convergente aseguró en Artés (Bages) que «lo único» que hará el ayuntamiento vicense será comunicar las situaciones irregulares «a quienes lo han de saber, y nada más». «Esto no supone ningún paso atrás en los derechos de las personas», manifestó, antes de cargar contra el Gobierno central por eludir responsabilidades: «Europa nos dice que a un inmigrante en situación irregular se le puede regularizar o expulsar, pero lo que no se puede hacer es obligar a los ayuntamientos a empadronarlos, porque entonces el problema se traspasa a ellos».
Las palabras de Mas contrastan con un apunte publicado un día antes por Àngel Colom, responsable de inmigración de Convergència, en el portal Nouscatalans.cat. «Posiciones como la del Ayuntamiento de Vic pueden alejar a muchos nuevos catalanes del catalanismo, cuando lo que tenemos que hacer es vertebrar un proyecto integrador», dice.

TERGIVERSACIÓN / Este debate rebrotó el jueves cuando el eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, tergiversó una respuesta de la comisaria europea de Interior que ni siquiera citaba el término padrón. El Ayuntamiento de Vic se apresuró a desenterrar su
frustrado proyecto de delatar a los sin papeles que se empadronen en el municipio. ERC se desmarcó el día siguiente de las otras dos fuerzas del tripartito municipal –CiU y PSC– y aseguró que no habría cambios, pero fuentes consistoriales ratificaron los planes del equipo de gobierno.
El líder republicano, Joan Puigcercós, terció ayer en la polémica para pedir a la federación nacionalista que rectifique su política respecto de la inmigración y deje de utilizar el asunto como elemento de «desgaste» electoral.