El Parlamento propone multar e incluso encarcelar a las mujeres que utilicen la prenda islámica

El Parlamento propone multar e incluso encarcelar a las mujeres que utilicen la prenda islámica

La Comisión de Interior del Parlamento federal belga aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley que planea multar e incluso encarcelar durante una semana a quienes porten en el espacio público prendas o accesorios que oculten su rostro o impidan su identificación, como el velo integral islámico.

Si el pleno de la Cámara y el Senado dan luz verde a la moción, lo que parece muy probable dado que ha sido apoyada por los cinco partidos que forman el Gobierno de coalición, Bélgica se convertiría en el primer país de Europa que considere delito la exhibición pública de esas prendas tradicionales musulmanas, consideradas por muchos europeos vejatorias y discriminatorias para la mujer.

La propuesta, cuya votación en pleno está prevista para después de Semana Santa, no hace alusión a ningún tipo de vestimenta concreta, pero parece hecha a propósito para impedir el uso de versiones del velo como el burka afgano, que oculta por completo el rostro y el cuerpo de la mujer, y el niqab saudí, que solo deja ver los ojos.

Bélgica cuenta con una nutrida colonia de inmigrantes musulmanes y por la calle es relativamente frecuente ver a mujeres ocultando sus caras en edificios administrativos y en espacios públicos comerciales, siguiendo una tradición muy común en sus países de origen. Los detractores de esa costumbre, sin embargo, denuncian que se sustenta en la presión social a la que se ven sometidas las mujeres desde niñas en su entorno familiar y conyugal, aunque curiosamente la ley que ha propuesto la Comisión de Interior serviría para castigarlas a ellas, y no a quienes las convierten en víctimas.

Así, la norma prevé multas de entre 15 y 25 euros, e incluso penas de prisión de hasta siete días en casos graves o de reincidencia, a quienes aparezcan en lugares públicos «con el rostro tapado o disimulado en todo en parte, de manera que no sean identificables».

La ley prevé expresamente varias excepciones para determinados colectivos, como bomberos, policías o motoristas que lleven casco integral por razones de seguridad. Y establece además una doble persecución legal: por vía penal, mediante la actuación de la policía federal y de la Fiscalía General del Estado, y por vía administrativa, que enarbolarían los ayuntamientos.

Amplio consenso

El proyecto aprobado se inició con una propuesta de ley presentada en diciembre por el diputado Daniel Bacquelaine, del liberal Movimiento Reformista (MR) de la región francófona de Valonia. Fue enmendada posteriormente por otra moción presentada el 24 de febrero por el democristiano Georges Dallemagne, del Centro Democrático Humanista (CDH) flamenco al que pertenece el primer ministro, Yves Leterme. Contó con el voto favorable de los otros tres grupos del Gobierno (liberales y socialistas flamencos y valones) y también con el de los verdes de Flandes, que, sin embargo, advirtieron de las complicaciones constitucionales que podría acarrear la aprobación de la norma.

No en vano, varias organizaciones han advertido de que la prohibición de la prenda atentaría contra los derechos civiles, como hizo ayer Isabelle Praille, vicepresidenta de la Asociación de Musulmanes de Bélgica. En su opinión, «el uso de símbolos religiosos se refiere a los derechos fundamentales. Es a su protección a la que nos acogemos y cuya aplicación reclamamos», dijo.