vitoria. Dentro de las dramáticas historias que esconde la inmigración ilegal, las de los menores que llegan solos a Euskadi son las más complejas y difíciles de gestionar. Las instituciones han de asumir la tutela de estos jóvenes, las competencias al respecto se diluyen entre diferentes administraciones, y el fenómeno no hace sino crecer. Ayer el Ararteko, Íñigo Lamarca, reveló que el año pasado el número de quejas presentadas por menores extranjeros no acompañados se triplicó con respecto a los datos de 2008.

Si en aquel curso el Defensor del Pueblo vasco registró 25 quejas, el pasado ejercicio la cifra se elevó hasta las 72. No fue un año fácil. Los incidentes protagonizados por jóvenes del centro de Deba y su posterior denuncia de malos tratos despertaron mucha polémica, encendieron las alarmas entre la población, cuestionaron el modelo de tutelaje institucional y estimularon la denuncia sobre el desigual reparto de estos menores extranjeros entre las diferentes comunidades autónomas. Después de Canarias, Euskadi es la que más jóvenes acoge, más de 600.

En todo caso, Lamarca aseguró que los incidentes los provocan “un número muy pequeño de menores, unas pocas decenas”, y aseguró que la ley “se aplica correctamente”. El Ararteko explicó además que estos jóvenes presentan “cuadros de estrés y ansiedad”, y que la mayoría “están teniendo un comportamiento ejemplar”. Así, los sucesos protagonizados por los menores “sólo dejan ver la punta del iceberg”, afirmó el Ararteko, quien aseguró que la atención a estas personas por parte de las instituciones es “razonablemente buena”, aunque demandó una mayor coordinación al Gobierno central, las comunidades autónomas y las diputaciones. En cuanto a la polémica desatada en Gipuzkoa por las declaraciones de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, quien aseguró que los menores delinquen para evitar ir a los centros forales, Lamarca hizo “una llamamiento a la responsabilidad”.

El Ararteko, que presentaba ayer en el Parlamento Vasco el informe de la institución correspondiente a 2009, insistió en que el Estado debe mejorar el sistema de atención a estos jóvenes. “Entran por Algeciras y Canarias y pasan por diferentes comunidades antes de llegar aquí, luego el seguimiento no funciona correctamente”, denunció el Defensor del Pueblo, que apostó por la creación de un registro de menores no acompañados.

Lamarca hace referencia en su informe a esa polémica en el centro Oilur de Deba, que terminó cerrando, y que despertó una situación de inseguridad en la población guipuzcoana. “Se ha generado una alarma social que no beneficia al proceso de integración social de estos chicos ni a la convivencia social, lo que da lugar a debates políticos ajenos a los derechos de los menores”, afirmó Íñigo Lamarca.